Según el estudio de la Confederación Plena Inclusión España, tan sólo el 4% de las personas con discapacidad intelectual severa o profunda ha trabajado alguna vez a lo largo de su vida. Este trabajo ha sido financiado por el Real Patronato sobre Discapacidad y realizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) de la Universidad de Salamanca.
El director del Inico y catedrático de Psicología de la Discapacidad, Miguel Ángel Verdugo, que ha realizado el estudio junto a Patricia Navas, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, aseguró que fue difícil escoger la terminología “por falta de consenso a nivel internacional donde hay confusión con lo que verdaderamente es la discapacidad intelectual o del desarrollo y, en España todavía se da una gran escasez de publicaciones”. Las encuestas más recientes en la que se han basado sido las del el Instituto Nacional de Estadística EDAD 2008 junto a la de 1999, al ser la únicas que, hasta el momento, son públicas y recogen la variable ‘severidad de la DI (discapacidad intelectual) combinadas con la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad del IMSERSO (BEPD), “la buena noticia es que en 2017 tendremos esta encuesta actualizada”, anunció.
Además, el acto contó con el testimonio de Carmen Gil, madre de una persona con autismo y, por tanto, grandes necesidades de apoyo. “Yo no quiero ser reconocida como madre coraje, yo quiero ser una madre normal y vivir en una sociedad coraje. Los padres y madres de hijos e hijas con discapacidades severas como el autismo no tenemos cubierto el apoyo tanto económico como logístico con la actual ley de dependencia”, explicó.
Asimismo, Araceli del Barrio y Berta González, miembro de la Junta Directiva y Responsable de Calidad de Vida de Plena Inclusión, leyeron el posicionamiento de Plena Inclusión en el que se refuerza su compromiso por reivindicar la finalización del modelo de servicios asistenciales segregados, así como elcumplimiento de los derechos básicos establecidos en la Convención de la ONU junto a una batería de medidas que acompañan dicho posicionamiento.
Las principales conclusiones que arrojan los datos apuntan la urgencia de intervención por parte de la Administración para cubrir las necesidades de este colectivo del cual se prevé un incremento de su grupo poblacional. Para el año 2008, el total de personas con discapacidad intelectual profunda o severa ascendía a 63.610, alcanzando un nivel de prevalencia sobre el total de la población del 0,16%.
La población con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo incrementó un 44,2% en 2008 con respecto a 1999, lo que en términos absolutos se traduce en que en el 2008 habría residiendo en hogares 14.413 más que en el año 1999. En cuanto a la integración social apenas el 6% dispone de estudios primarios completos y el 96% se encuentra inactivo, “lo cual podría mejorar mediante una escolarización combinada basada en el tándem centro-colegio que en muchas Comunidades Autónomas todavía no es aceptada”, explicó el vicepresidente de Plena Inclusión.
Para eliminar los escenarios de exclusión, la entidad propone revisar los apoyos que están destinados en un más de un 60% en residencias y centros de día que, según los expertos y en palabras del vicepresidente de Plena Inclusión, “debe redirigirse a la ayuda personalizada acompañada de un modelo en el que la propia persona puede opinar sobre sus necesidades, además de evitar la atención médica que se dispersa por falta de una profesional especializado que atiende de primera mano”.
Sobre salud mental, ayer mismo tenía lugar el segundo Encuentro entre Investigadores en Salud Mental, Pacientes y Familiares organizadoconjuntamente por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), Mundo Bipolar y la Confederación Salud Mental España.
Ana González-Pinto, investigadora en el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, explicó que el consumo de cannabis antes de los 18 años predispone al desarrollo de psicosis (delirios, alucinaciones y marcada desorganización de la conducta) y genera problemas cognitivos. “El Cibersam ha obtenido resultados de relevancia internacional en relación a la interferencia del cannabis con la memoria, la psicosis de inicio temprano, la persistencia de las alteraciones a corto plazo al abandonar el cannabis y la mejora a largo plazo al dejar esta sustancia”, apuntó.El principal riesgo del cannabis, tal como detalló González-Pinto, es el que interfiere con el desarrollo normal del sistema nervioso central por su unión a unos receptores internos denominados cannabinoides.
“El uso del cannabis se ha mantenido hasta nuestros días, e incluso se ha popularizado su utilización, especialmente en personas jóvenes que todavía tienen su cerebro en maduración. Las llamadas drogas blandas tienen importantes efectos adversos que la sociedad debería conocer”, concluyó González-Pinto.
José Manuel Menchón, investigador en el Hospital Universitario de Bellvitge, explicó que se están introduciendo los tests farmacogenéticos en el campo de los trastornos mentales para mejorar la utilización de los psicofármacos.Los tests farmacogenéticos, cada vez más utilizados en medicina, ayudar a saber las probabilidades de que un determinado medicamento pueda ser más eficaz o que tenga más probabilidad de presentar efectos secundarios en cada persona en función de sus variaciones genéticas. Estos tests analizan estas variaciones para intentar predecir la eficacia y los efectos adversos de medicaciones en una persona concreta.
Menchó nexpuso un ejemplo concreto en el que se ha comprobado la utilidad de este tipo de tests en la práctica clínica, un estudio en el que han participado 18 centros de España y 316 pacientes diagnosticados de depresión en los que se ha comparado la eficacia en la elección de tratamiento antidepresivo al disponer de la información genética respecto a no disponer de esta información. “Las diferencias más significativas a favor del test se observan en aquellos pacientes en que habían fracasado previamente de uno a tres tratamientos previos a su utilización”, concretó Menchón.
“Una mayor inversión en investigación”
El proyecto Roamer, financiado por la Unión Europea y coordinado por el Cibersam, ha diseñado una hoja de ruta para la investigación en salud mental en Europa hasta el año 2020. Celso Arango, director científico del Cibersam, resumió las áreas prioritarias identificadas por este proyecto, como la prevención de los trastornos mentales, la atención a las personas jóvenes, la búsqueda de los mecanismos causales de los trastornos, el desarrollo de intervenciones novedosas para la salud mental, el empoderamiento de los pacientes y sus cuidadores, o la reducción del estigma.
“Para el desarrollo de estas líneas de investigación, es fundamental contar con los usuarios y sus familias. Es necesario identificar variables de resultado que sean pragmáticas y que supongan realmente mejoras en la calidad de vida de las personas afectadas y su entorno”, resaltó Arango.
Arango indicó que los estudios realizados demuestran cómo una inversión en investigación en salud mental puede conseguir que se reduzca sustancialmente la carga de las enfermedades mentales en los próximos 10 años. “La inversión en detección e intervención precoz, que es paradigma en la mayor parte de los países avanzados, aún no ha llegado al nuestro”, denunció Arango.
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