El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo atenta contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y el Gobierno de España debe oponerse a su aprobación. Así lo han reivindicado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, que se han puesto en contacto con distintos miembros del Gobierno a través de una carta en la que reclaman que se opongan a un documento que vulnera varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que los países firmantes, entre ellos España, están obligados a cumplir.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución –que hace referencia a las políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad–, que permitirá incorporar "demandas históricas" realizadas por organizaciones como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

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El presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Álvaro García Bilbao, trasladó este miércoles en el Senado la “perplejidad y encono” que le causaron la aparición y aplicación de “protocolos sanitarios que directamente excluían del ingreso en las UCI a las personas mayores en función de la edad y por el hecho de tener discapacidad, en aras a primar la supervivencia de aquellas otras que, supuestamente”, tenían más opciones de sobrevivir.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mostrado su satisfacción por el hecho de que sea ya "una realidad" la exención del copago farmacéutico para cerca de 155.000 menores con discapacidad.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado el "fracaso" del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y ha exigido su "refundación", ya que las personas con grandes necesidades de apoyos tienen "la sensación de haber sido estafadas".

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea plenamente respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como “persona plenamente capaz y consciente”; “en plena capacidad de obrar”; “enfermedad invalidante”; “limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación”; “situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación”, e “impedido físicamente”.

Para el CERMI, estas expresiones, imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos, pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad. Además, señala que deberían estar superadas en una norma del siglo XXI y en un Estado signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, recuerda que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de “velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación”.

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan “una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley”, evitando los términos anteriores.

Consentimiento informado

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho.

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que “en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas”.

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

De igual modo, insta a que se establezca que “las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.

En definitiva, el CERMI reclama que la futura regulación de la eutanasia sea neutra con las personas con discapacidad y que se abra a la participación también de profesionales como es el caso de los psicólogos.

 

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Los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han recordado hoy que "denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro", por lo que exigen "actuaciones concretas" para que no vuelva a discriminarse a sectores como el de las personas mayores con discapacidad si vuelve a vivirse una situación de colapso sanitario por la pandemia de COVID-19.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha impugnado, ante la Audiencia Nacional, el Reglamento Taurino vigente por permitir espectáculos cómicos que denigran la imagen de las personas con discapacidad, especialmente de quienes tienen displasias óseas (enanismo).

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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), ha advertido de que la accesibilidad al teléfono de emergencias 112 "no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las personas", puesto que no cumple con las exigencias de la legislación europea.

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Tras la compleja situación que se vivió en el último trimestre del pasado curso por el cierre de los centros educativos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las administraciones educativas que no ignoren las necesidades específicas del alumnado con discapacidad en la vuelta a las aulas.

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