El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, firmaron este viernes el protocolo para la coordinación en violencia de género en la Comunidad de Castilla y León. Dicho protocolo contiene modos de intercambio de información que requieran tanto los profesionales de los servicios sociales como de las Unidades de Violencia sobre la mujer de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para prestar a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijas e hijos menores una mejor atención.

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Junta de Castilla y León y Colegio de Psicólogos movilizarán a casi un centenar de expertos en atención urgente para que estén a disposición de las mujeres en un máximo de 30 minutos cuando acudan a una comisaría a denunciar un caso de violencia de género.

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El sufrimiento y estrés crónico al que se ven sometidas las mujeres que son víctimas de malos tratos produce malestar biopsicosocial que a veces se diagnostica como trastornos depresivos, ansiosos y somatizaciones. "Si medicalizamos los síntomas sin haber detectado la presencia de malos tratos contribuimos a la opacidad de la violencia de género y a la cronificación del problema".

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Castilla y León revisará los protocolos y creará una comisión de expertos sobre infancia para evitar casos como el de Sara, la niñá fallecida en el hospital de Valladolid a consecuencia de los malos tratos recibidos. La consejera de Familia ha defendido en las Cortes la actuación de los profesionales, pero la oposición considera evidente que algo falló.

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El balance de la asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos Adavas refleja que la violencia es reiterada en el tiempo, tanto que en el 64% de los casos comenzó al inicio de la relación y es necesaria una media de 14 años para que haya una denuncia o petición de ayuda.

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La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género de Salamanca (ADAVAS) ha presentado hoy el balance de la actividad desarrollada durante el pasado año, y la exposición ha puesto de manifiesto que esta realidad todavía está llena de claroscuros. Entre los claros, pocos, "un ligero incremento" de las mujeres que denuncian, de las que llegan a la entidad en busca de ayuda y de las sentencias condenatorias.

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La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha abogado por "redoblar esfuerzos" en la sensibilización sobre las situaciones de violencia que afectan a las personas mayores, "un colectivo vulnerable en mayor medida" y que "no suele denunciar". Lo ha hecho durante la inauguración de una jornada sobre el maltrato y la violencia de género en las personas mayores organizado por el Grupo Senda.

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Castilla y León será la primera comunidad autónoma española en crear comisiones de seguridad para abordar de forma conjunta, entre el profesional de referencia, la Policía, los profesionales del sistema de atención social, sanitario, judicial y todos aquellos que puedan aportar información, los casos de especial riesgo de violencia de género, con independencia de que exista o no denuncia de la víctima. El hecho de que solo un tercio de las víctimas mortales en España hubiera interpuesto denuncia obliga a mejorar los mecanismos de protección, incluso aunque la víctima no haya dado el paso de denunciar a su agresor o haya retirado la denuncia posteriormente.

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