Miembros de los colectivos de afectados por covid-19 persistente de varias comunidades autónomas que colaboran bajo el nombre Long COVID ACTS (Autonomous Communities Together Spain) piden al Ministerio de Seguridad Social, del ministro José Luis Escrivá, amparo para los pacientes afectados a los que al cumplirse un año de su baja el INSS les obliga a incorporarse a su puesto de trabajo. La mayoría de estos afectados sufren serios síntomas persistentes, un síndrome inflamatorio multisistémico.

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Familias con hijos con enfermedades neuromusculares han afirmado sentirse “desamparadas por el Gobierno” por no ampliar la prestación CUME más allá de los 18 años. En este sentido, han asegurado que quedan “desasistidas” en el ejercicio de sus cuidados, pese a que la discapacidad y las necesidades de apoyo de sus hijos persisten e incluso tienden a agravarse, ya que su situación empeora con los años.

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La Seguridad Social ha tramitado 3,77 millones de prestaciones por incapacidad temporal por COVID-19 (bajas COVID) desde que hace un año el Consejo de Ministros aprobase una mejora de la protección de las personas contagiadas y aisladas por esta enfermedad.

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La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha enviado instrucciones al presidente de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT), José Carlos Lacasa, para que se reconozca, entre otros, al colectivo de camareras de piso de hotel el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional.

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