Asociaciones de madres y padres y sociedades médicas que forman parte del Grupo de la Ley Integral del Amianto, han trasladado nuevamente al Gobierno de España la necesidad de una norma estatal que, entre otros objetivos, establezca "la identificación y erradicación del amianto de los centros educativos", una demanda que la agrupación realiza desde junio de 2020 "para abordar la pandemia del amianto, que supone un grave problema de salud pública".

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Sociedades científicas, asociaciones de afectados, colectivos vecinales, agentes sociales y numerosos expertos han sumado sus voces para reclamar, en un manifiesto común, el desarrollo de una Ley Integral del Amianto que permita evitar las muertes derivadas de la exposición a este material todavía muy presente en todo tipo de construcciones, como tejados, redes de tuberías o estructuras de edificios.

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