El Ministerio de Sanidad regulará los sistemas electrónicos de administración de nicotina, o cigarrillos electrónicos a la espera de que el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea avancen en la regulación de estos productos. Los responsables de Sanidad de las Comunidades Autónomas han acordado una postura común para limitar el consumo de cigarrillos electrónicos hasta que no se conozcan los efectos para la salud, priorizando la protección a los menores, para los que ya se encuentra prohibida la publicidad y el consumo. Hace unos días, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, apostaba por dicha regulación desde el Ministerio.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha alcanzado un acuerdo con los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas para regular los sistemas electrónicos de administración de nicotina, o cigarrillos electrónicos. A la espera de que el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea avancen en la regulación de estos productos, los responsables de Sanidad han acordado una postura común para limitar el consumo de cigarrillos electrónicos hasta que no se conozcan los efectos para la salud, priorizando la protección a los menores, para los que ya se encuentra prohibida la publicidad y el consumo.
Con esta propuesta quedaría prohibido su consumo en centros educativos y zonas infantiles, centros sanitarios, centros de las Administraciones Públicas, servicios de atención al ciudadano y transporte público. “El objetivo es proteger la salud de los ciudadanos y evitar posibles efectos perjudiciales”, ha explicado la ministra, habida cuenta de que, en la actualidad, y según ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, no se pueden excluir los riesgos para la salud de la exposición al vapor de estos productos. Al respecto, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, confirmó hace unos días en Salamanca que ellos eran partidarios de regular su limitación en determinada circunstancias, “como espacios sanitarios y educativos”, y que sea el Ministerio el que lo regule para toda España, “que no sea demasiado diversa en un mismo territorio porque estamos ante un mismo problema”.
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