La Junta de Castilla y León acaba de anunciar que ya estudia todas las fórmulas que, dentro de la ley, permitan que el coste de los medicamentos hospitalarios no recaiga en los pacientes si finalmente se ve obligada a aplicar el copago, una vez desestimada su suspensión cautelar. No obstante, el Gobierno autonómico recuerda que el recurso contencioso-administrativo “sigue su curso”.
Tras la desestimación de la medida cautelar que solicitaba la Junta de Castilla y León para suspender la resolución que regula el nuevo copago hospitalario, el Gobierno autonómico ha anunciado a través de un comunicado que analiza ya posibles fórmulas para hacerse cargo, siempre dentro de la ley, de los costes que esta medida suponga para el ciudadano, en el caso de que finalmente la misma tuviera que aplicarse.
El Ejecutivo regional asegura que tiene en cuenta que los 8.453 ciudadanos afectados en Castilla y León por esta resolución “son pacientes con enfermedades graves que deben seguir y completar sus tratamientos”, y considera, además, que esta medida “supondría serias desigualdades y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud”.
Del mismo modo, recuerda que aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la suspensión cautelar de la resolución de 10 de septiembre de 2013, “la tramitación del recurso contencioso-administrativo continúa su curso” y que, a la espera de su resolución “y del pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, se aplicarían estas medidas compensatorias en el caso de que el TSJM lo desestimara.
Desacuerdo desde el principio
La Junta de Castilla y León explica que “desde el primer momento manifestó su desacuerdo con esta resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, al considerar su escaso impacto económico (unos 200.000 euros anuales, es decir, el 0,07 % del gasto farmacéutico hospitalario) y las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves”.
Esta disconformidad con la decisión del Ministerio de Sanidad llevó al Ejecutivo autonómico a presentar primero “un requerimiento previo a la Administración del Estado para que la revocara o la anulara” y después, un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los motivos de esta impugnación eran “que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud”. También se consideró “que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido”, y se argumentó, de igual modo, “que los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología, y pueden generar desigualdad de derechos de los ciudadanos en función del territorio donde vivan”.
Según destaca la Junta, en este asunto “ha adoptado todas las medidas posibles y ha puesto de manifiesto una posición congruente, llegando hasta el final en la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad”.
Además, recuerda que hasta el momento, y pese a que en principio el copago “debía haberse iniciado el 1 de enero de 2014, ninguna comunidad autónoma está aplicando esta resolución, bien por desacuerdo con la misma, o bien por las dificultades técnicas que supone su puesta en marcha”.
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