La Declaración Anual sobre la financiación y gestión de la investigación científica en España 2019 de la Real Academia de Ciencias (RAC), que acaba de presentarse, indica que España está por debajo de la media europea en inversión en I+D, tanto por parte del sector gubernamental como el privado o fundacional. El documento pone en evidencia las trabas administrativas y la falta de articulación de esfuerzos público-privados como elementos que dificultan a los científicos españoles alcanzar el nivel de sus competidores extranjeros.
El profesor Jesús María Sanz-Serna, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), indica que a España le está pasando factura su reacción a la crisis económica, que fue opuesta a la de los principales países de nuestro entorno: “Aquí se introdujeron recortes mientras otros incrementaban su esfuerzo inversor”. Por otra parte, considera que el sector privado, en líneas generales, nunca ha estado comprometido con la idea de que su propia productividad depende de la apuesta que haga por la economía del conocimiento, basada en la ciencia.
En otros aspectos la situación tampoco ha mejorado, el presidente de la RAC aprecia que la Administración española es rígida y lenta en todos los ámbitos, y que “estas lacras, lejos de irse suprimiendo, a veces se han incrementado en los últimos años, quizá por un mal entendido afán de la lucha contra la corrupción o las corruptelas”. A su modo de ver, la rigidez administrativa es nociva en toda la vida pública española, pero muy especialmente para las universidades y los centros de investigación: “Se imponen a nuestros investigadores trabas que en modo alguno tienen los extranjeros con los que deben competir y de hecho compiten”.
“Las economías muy productivas lo son porque se basan en procedimientos y productos innovadores basados en el conocimiento y la creatividad. La Academia fue creada, entre otras cosas, para asesorar a los poderes públicos y nos gustaría poder contribuir, junto con otros agentes, a la mejora de la política científica española”, ha añadido.
Disminución de las inversiones
Para el profesor Esteban Domingo Solans, vicepresidente de la RAC y ponente en la redacción de la Declaración lamenta que el apoyo a la ciencia en España no haya experimentado cambios significativos en los últimos dos años: “La inversión ha disminuido en la última década, contrariamente a lo que ha sucedido en otros países que afrontaron la crisis con un aumento de la inversión en ciencia”. Es un fenómeno del que también daba fe el informe de 2018 y que esta versión actualizada viene a confirmar.
Como explica el profesor Domingo, según los estudios consultados en la elaboración del informe y los datos de los que se dispone en la actualidad, si no hay una rectificación respecto a la inversión y gestión de la ciencia en España, no disminuirá de manera sólida (no coyuntural) el nivel de desempleo que actualmente alcanza un 14% a nivel general y un 32% para menores de 30 años.
El profesor considera que estas cifras son inaceptables tal como se indica en la Declaración. Como dato esperanzador, valora que en el punto 2 de las medidas que incluye el reciente pre-acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se lee: “Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector”, aunque queda por ver cuándo y cómo se acometerá esta propuesta.
Los miembros de la Academia ofrecen su colaboración para abordar conjuntamente con el gobierno medidas para implementar actuaciones concretas que deberían reforzar el papel de la ciencia en nuestra cultura y economía.
Nueva Ley de Mecenazgo
A petición de la RAC, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) ha elaborado un informe sobre mecenazgo con un análisis comparativo de la situación en diversos países europeos y otros lejos de nuestro entorno, que presenta los aspectos más relevantes en cuanto a Leyes de mecenazgo y estrategias para incentivar la colaboración entre la academia y la industria privada.
La RAC considera, a la luz de este informe, que la modificación de la actual Ley de Mecenazgo sería una medida fundamental para estimular el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Así, la ley debería permitir obtener beneficios fiscales por donaciones para la ciencia. La normativa vigente no enfatiza las ayudas a la ciencia como un importante bien social con repercusiones para el futuro, situándolas a lo sumo al mismo nivel que las ayudas para prestaciones sociales y deportivas.
En otros países, la legislación favorece el mecenazgo de asociaciones cuya prioridad es la financiación de la ciencia (Wellcome Trust en Reino Unido, CIFRE en Francia, entre otras muchas). Un contribuyente estadounidense puede deducir hasta siete veces más en impuestos que un español para el mismo tipo de donación a la ciencia, expone el informe.
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