Mientras en el Congreso de los Diputados se hacía una apuesta decidida por blindar la gestión pública y protegerla del ánimo de lucro de la empresa privada, escuchando frases como que “la gestión privada se traduce en más mortalidad, menos personal sanitario y peores salarios” o “lo que les importa no es el bien público, sino que las puertas giren bien y los beneficios caigan en sus bolsillos” o “no existe ningún estudio independiente que encuentre mayor rentabilidad de la gestión privada respecto de la gestión pública en condiciones homogéneas”; en Salamanca se anunciaba que 23.000 pacientes con consultas pendientes podrían acudir a consultas privadas a cargo de Sacyl o que si se supera la demora máxima para una prueba diagnóstica, éstas las podría realizar el paciente en clínicas privadas con cargo a Sacyl también.
Todo esto, además de los millones de euros que en derivaciones de intervenciones quirúrgicas se destinan casi mensualmente a la Sanidad privada.
Esto resume la cantidad de dinero que se sustrae del presupuesto sanitario salmantino, que sería esencial para impulsar más contrataciones y aumentar la actividad del hospital, que, recordemos, es el peor gestionado de la Comunidad, según los últimos informes, y con un menor rendimiento en comparación a los de sus mismas características, para que con esos recursos se mejorara la atención y se eliminara la lista de espera.
Pero esa no es la intención. Ya hemos visto estos mismos pasos en otras comunidades autónomas donde querían destruir la Sanidad pública y, a la larga, cuando se tira de la manta, todo es corrupción, prebendas e intereses particulares (recordemos la Comunidad de Madrid).
Los ciudadanos no debemos permanecer impasibles ante estos ataques a lo nuestro. Debemos ser conscientes del daño que se hace a nuestra Sanidad cuando se la descapitaliza para enriquecer a unos pocos.
No dan soluciones reales a las lista de espera para vaciar las arcas públicas, enriquecerse y justificar que la Sanidad pública es incapaz de dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población.
Deterioran la Sanidad pública intencionadamente para que, el que pueda pagárselo, haga un seguro privado de asistencia sanitaria.
Debemos ser nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que decir basta. Los que debemos dejar de permanecer inmóviles ante estos ataques feroces. Creen que nuestro voto les da carta blanca para hacer lo que quieran con nuestra Sanidad y juegan con nuestra salud. Para eso no los ha votado nadie.
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