A pesar de que se trata de un asunto de gran calado social y que es objeto de una gran controversia, el Congreso de los Diputados ha abierto el debate para despenalizar la eutanasia a propuesta del PSOE, y aunque tuvo el voto en contra del PP, UPN y la abstención de Ciudadanos, el Congreso dio luz verde para continuar con la tramitación de la llamada ley de eutanasia, rechazando la enmienda a la totalidad presentada por el PP aludiendo a una ley de cuidados paliativos, en un intento de confundir o impedir que la propuesta de ley de la eutanasia del Partido Socialista tuviera los apoyos suficientes. Dos temas necesarios, pero diferentes, porque los cuidados paliativos por sí solos no han bastado para resolver todo el problema.
En la actualidad, la práctica de la eutanasia en España está prohibida. Ayudar a un paciente a morir para evitar su sufrimiento está castigado con penas de hasta de cinco años de cárcel, según el artículo 143 del Código Penal. Pero como bien decía el médico salmantino Luis Montes –que fue acusado de practicar la eutanasia a enfermos terminales y que en el juicio fue absuelto por el caso Leganés–, en la Ley General de Sanidad ya aparece el primer derecho del paciente a renunciar al tratamiento cuando lo considere, pues incorpora la autonomía y deja claro que el mejor interés lo tiene el paciente o sus representantes, y atribuye a los profesionales sanitarios la tarea de explicar a sus pacientes la situación en la que se encuentran y dar un diagnóstico claro para que éstos puedan decidir. Si bien es cierto que este avance ha sido importante, no deja de ser insuficiente, y se hace necesaria una legislación que ponga fin al sufrimiento y deterioro integral de la persona.
A pesar de ser un debate polémico, hasta ahora secuestrado y al que ninguno de los partidos se ha querido enfrentar, en la actualidad vuelve a estar sobre la mesa por iniciativa del Partido Socialista, que ha dado un paso hacia adelante para poder establecer una ley de eutanasia que dé una respuesta jurídica equilibrada y que establezca garantías y procedimientos adecuados para preservar la decisión y libertad de esta decisión, es decir, una norma que regule el ejercicio de este derecho como prestación dentro del Sistema Nacional de Salud, además de regular el soporte legal a la ayuda profesional que se debe prestar.
Si la mayoría de la sociedad española acepta que hay que regular esta situación a través de la denominada ley de eutanasia, ¿por qué seguir aceptando las presiones de ciertos grupos?
La despenalización de la eutanasia no tiene nada que ver con el suicidio ni regula el derecho a morir cuando uno desee. Regula situaciones de personas que padecen enfermedades graves en fase terminal que ni la Ciencia ni los médicos pueden abordar ni solucionar, tanto en su nivel de incapacidad como de su calidad de vida, y que les están provocando un gran sufrimiento, además, en muchos casos, de un dolor insoportable.
La Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia que ha presentado el Partido Socialista es razonable y se asienta sobre la necesaria compatibilidad entre principios básicos y esenciales recogidos en la Constitución española, como los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y moral, pero también la dignidad personal, la libertad o la autonomía de la voluntad.
Por ello, no podemos mirar hacia otro lado ni caer en sutiles manipulaciones con este tema. Debemos asumir la realidad huyendo de la demagogia, los prejuicios y las politización y ayudar a entender que todos los días hay personas que se enfrentan a enfermedades irreversibles, que no tienen ninguna posibilidad de mejorar, personas muy cercanas a la muerte que sufren intensos dolores y con las que tenemos el deber de aliviar y ayudar a que termine su sufrimiento y agonía, garantizando las condiciones adecuadas para una muerte digna, respetando su libertad, también, al final de su vida, además de permitir que los profesionales sanitarios cumplan con el deber de aliviar el sufrimiento.
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