
Hemos asumido con toda normalidad en el sector sanitario la externalización o subcontratación de algunos servicios, como los de limpieza, lavandería, cafetería, seguridad, archivos, etc. etc. Nos lo venden con el argumento de agilidad, menor rigidez, reducción de costes y mejora de la eficacia.
Pero no nos engañemos, la presión política y el amiguismo hacen que muchos de los procesos de licitación o adjudicación de estos servicios no se desarrollen de acuerdo a los principios básicos de competencia y transparencia. Todos conocemos casos de la discrecionalidad con la que se han otorgado muchos de los servicios públicos al sector privado. Se diseña de forma legal el perfil fijado con la empresa a la que se quiere favorecer, con condiciones económicas muy ajustadas, para evitar que concursen otras compañías, incurriendo muchas veces en baja temeraria y otorgando la contratación a la oferta económicamente más baja.
Una vez adjudicado el servicio, la empresa, en complicidad con los gestores de la empresa pública, arreglan y amañan toda clase de excusas para ampliar el presupuesto y cubrir los gastos y, así, aumentar los beneficios de la empresa privada contratada. Si profundizamos en los orígenes de muchas de estas empresas que son beneficiadas, nos encontramos con personas o familiares muy vinculadas al poder político.
Con todos los ejemplos que conocemos, a nadie sorprende que en el último Consejo de Salud de Área de Salamanca el sindicato UGT haya exigido al nuevo gerente que se depuren responsabilidades por el incumplimiento del pliego de condiciones del contrato suscrito para la limpieza del Complejo Asistencial de Salamanca. Denuncian la baja calidad del servicio, que en ningún momento se puede atribuir a sus trabajadores, ante la falta de efectivos. La no sustitución de bajas, permisos y vacaciones supone un incremento de la carga de trabajo, no pudiendo los profesionales realizar el trabajo adecuadamente. Se produce retraso en la retirada de basura, acumulación de polvo, etc., problemas que son reconocidos por los responsables de la dirección.
La limpieza de un hospital juega un papel muy importante y es un factor a tener en cuenta en la salud del paciente, sobre todo para que estén libres de virus y bacterias, y el responsable de gestionar y controlar este servicio debería exigir el cumplimiento del contrato y no intervenir en establecer acuerdos al margen del pliego de condiciones, con el pobre argumento de que la empresa no llega a final de mes, teniendo que asumir el hospital el coste de productos que deberían correr a cargo de la empresa contratada, como así recoge el pliego de condiciones, y que supone un montante económico muy importante, además del ahorro que se lleva esta empresa privada al no sustituir al personal. Sorprende que gestores públicos estén más pendientes de los intereses de una empresa privada que de velar por la optimización de los recursos públicos y por exigir un servicio de calidad.
La falta de habilidades en gestión, de independencia y objetividad propician que en estas situaciones no se intervenga con responsabilidad y profesionalidad, además de evidenciar, como en muchos casos, que el simple hecho de externalizar un servicio no garantiza más eficiencia y ahorro, pudiendo provocar el efecto contrario: descenso de calidad, ineficacia, incremento de costes y algo más terrible, la falta de control del servicio.
La denuncia del sindicato UGT es muy grave y valiente. Me alegra ver cómo se hacen públicos estos hechos y que se exijan responsabilidades ante el grave e incomprensible silencio sindical en el sector sanitario, sobre todo por la cantidad de problemas por los que estamos atravesando, tanto trabajadores como pacientes. La mala gestión de sus responsables está contribuyendo al desprestigio de uno de los complejos asistenciales de referencia regional y nacional, que en estos momentos ha perdido posiciones, colocándonos a la cola en calidad y prestigio.
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