Se establece un nuevo modelo donde los problemas de salud mental se realizarán en el ámbito comunitario y se basarán en los cambios que se han desarrollado en los países más avanzados de nuestro entorno. De esta manera, se suprimen los manicomios, se envía a los enfermos con sus familiares y surgen las Unidades de Salud Mental.
Pero en todo este tránsito se cometen errores. No se articulan suficientes alternativas y mecanismos para afrontar la convivencia con el enfermo en el ámbito familiar. La elaboración de una Estrategia Nacional de Salud (hace más de diez años) que ordenó el Ministerio de Sanidad tampoco ha solucionado los problemas de las personas que padecen estas enfermedades, y solo ha servido como documento de buenas intenciones, al carecer de financiación para poder desarrollar y ejecutar el proyecto.
Las diferentes Estrategias Regionales de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de Castilla y León no han mejorado los problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades mentales en nuestra Comunidad. Los recursos son muy limitados y no se hacen los suficientes esfuerzos, en los presupuestos regionales, para crear infraestructuras y servicios necesarios. Solo se proyectan, de forma aislada, algunos centros que se ponen al servicio de beneficios privados y fuera del circuito de la red pública.
La Junta está muy lejos de cumplir el compromiso de crear una red de centros coordinados en la Comunidad destinados a las personas con enfermedad mental. Nuestra provincia también padece un gran déficit de recursos para estos pacientes y, como la mayoría de provincias de nuestra Comunidad, los pocos que tienen no están bien coordinados.
El colectivo de personas con enfermedades mentales ha sido muy estigmatizado por la sociedad, y aunque se ha mejorado en la comprensión de estas patologías, aún falta sensibilidad social y política para seguir avanzando, no solo en la investigación, sino también en la normalización de las enfermedades mentales. Las personas afectads viven su propio infierno. Se les culpabiliza de no controlar su conducta, y sufren una gran soledad e incomprensión. Pero la situación por la que atraviesan las familias que conviven con personas que padecen estas enfermedades no deja de ser menos dramática.
Conozco testimonios sobrecogedores de familiares que conviven y cuidan de personas afectadas por enfermedades mentales que están desbordadas por la situación y ven con angustia cómo se pone en peligro la estabilidad del núcleo familiar. Se enfrentan a situaciones y conflictos que por sí solos no pueden resolver. Los desequilibrios emocionales de estos enfermos, con arranques de ira extremos y conductas violentas, los resuelven como mejor pueden, con intervenciones policiales e ingresos psiquiátricos en los que, en algunas ocasiones, son tratados con fármacos durante algunos días y devueltos rápidamente a sus domicilios.
El hospital soporta la dinámica de continuos ingresos, de forma que trata al enfermo en el momento del brote de su enfermedad y, una vez estabilizado, se le da el alta, cuando muchos de ellos necesitarían estancias de larga duración. Otros pacientes que han sido dados de alta, al llegar a sus domicilios, se niegan a seguir los tratamientos pautados, provocando de nuevo un grave enfrentamiento y sufrimiento, tanto para el paciente como para la familia, a la que en muchos casos no le queda otra opción que recurrir a la incapacitación para forzar que reciban tratamiento terapéutico.
Cuando se llega a este punto, los familiares se enfrentan al desconocimiento de los mecanismos legales que llevan los procesos de incapacitación. Son temas muy delicados y dolorosos que requieren de información, asesoramiento y apoyo. Pero también sería necesario que los jueces que atienden estos procedimientos estuvieran especializados en esta materia; esto evitaría mayor sufrimiento e incomprensión por parte de algunos tribunales con enfermos y familiares.
La soledad en la que viven estas familias es enorme, la mayoría de ellas no están preparadas para comprender y tratar al enfermo, desconocen cómo actuar ante un brote o crisis nerviosa. Los costosos tratamientos y terapias que requieren estos pacientes, en muchas ocasiones, se quedan en manos del mercado sanitario privado, ante la escasez de plazas en la Sanidad pública. Para muchas familias supone un lastre; sobre todo, para las que no tienen suficientes recursos.
Si de verdad se quiere dar a las personas con enfermedades mentales una atención integral y social, se debe crear una red de coordinación y colaboración entre servicios de salud mental y Servicios Sociales que proporcionen el seguimiento de cuidados, pues estas patologías son un problema de gran magnitud y los familiares necesitan el apoyo de todos.
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