Resulta un tanto extraño, en pleno siglo XXI, conocer noticias estremecedoras que tienen que ver con la vida de un niño que está luchando por superar una enfermedad totalmente erradicada en España gracias a la vacunación, como es la difteria. Este niño no fue vacunado por decisión de sus padre, aconsejados por movimientos antivacunas, que viven ajenos a las estadísticas.
Rechazan la evidencia científica y defienden un supuesto “derecho a decidir” sobre la vacunación de sus hijos. Son pocos, por suerte, pero se creen fuertes. Con este caso queda demostrado que la ignorancia de un grupo aislado es capaz de ocasionar un daño desproporcionado al conjunto de la sociedad.
No es normal que rechacemos la vacunación infantil cuando está demostrado que vacunar a un niño es una de las medidas más eficaces para reducir la mortalidad infantil.
La vacunación sistemática evita entre dos y tres millones de muertes cada año por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión, según los datos de UNICEF.
La existencia de un calendario de vacunación infantil ha propiciado que enfermedades infecciosas, frecuentes en la infancia, hoy se consideren un asunto del pasado, hasta estos momentos, cuando se ha abierto un debate donde no hay ninguna duda del consenso científico sobre que la vacunación supone un balance positivo en la comparación del riesgo-beneficio para la salud.
Pero habrá que empezar a considerar que la identificación del “interés superior del menor”, con la protección de su vida y su salud y con la consideración de las consecuencias futuras de toda decisión que le afecte, podrán llegar a cuestionar la relevancia de la voluntad expresada por los representantes legales del menor no maduro.
El principio de prevalencia del “interés superior del menor”, incluso frente a la patria potestad de los padres, se contempla ya en España en dos proyectos de ley aprobados por el Gobierno que modificarán el conjunto de leyes relacionadas con la protección de los menores, como son la Ley de Protección a la Infancia y la Ley Orgánica Complementaria de Protección de la Infancia, dando así respuesta a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El regreso de la difteria tres décadas después del último caso en España ha destapado al movimiento antivacunas, y la obligación de las administraciones sanitarias será emplearnos a fondo para explicar la bondad de la vacunación para todos y el valor social de la vacunación, porque no es lo mismo negarse personalmente a una vacunación del tétanos que negarse en representación de los menores a una vacunación de difteria o sarampión, porque se pone en riesgo, no solo la salud del menor, sino también la de todo su entorno, como ha pasado con el niño de Olot.
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