La Fiscalía de Burgos archiva las diligencias por el caso de mi hermana, Sonia Sainz-Maza Zorrilla

El archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía de Burgos no ha sido, en absoluto, una sorpresa para mí. Mi confianza en la vía penal era escasa, pero fue la Fiscalía quien abrió una investigación de oficio cuando tuvo conocimiento de los hechos por parte de la asociación El Defensor del Paciente.

Mi confianza está ahora en la vía civil, a la que esta familia estudia recurrir para que se reconozca lo que es una realidad incuestionable que jamás nadie podrá negar. Mi hermana Sonia no recibió la atención médica que merecía, y eso la llevó a sufrir en tres meses lo que no soy capaz de describir. A mi hermana no se la mató, pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se le ahorró ningún dolor.

Se le realizó un diagnóstico erróneo de lumbociatalgia por teléfono, y su médico de Atención Primaria no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica, pese a que ella misma describió a su médico, junto a aquel dolor de pierna que escondía una metástasis ósea, pérdida de peso, fatiga e imposibilidad para soportar la ingesta de más pastillas por su dolor de estómago, además de presentar un color de piel amarillento.

Quizás el Código Penal no es capaz, a día de hoy, de reconocer el delito que hay en esta omisión de asistencia, en esta falta de escucha y de profesionalidad médica. Pero delito es. Vaya sí lo es. Por todo el daño que se causó a mi hermana y por arrebatarle la oportunidad de sufrir menos y de vivir más.

En cuanto a la motivación del auto de archivo de la Fiscalía de Burgos, y al margen de la conclusión final, me ha impresionado la superficialidad y errores, alguno muy grave, en los que incurre. Esperaba mucho más de un procedimiento emprendido por una fiscalía. Para empezar, ni siquiera parece haberse investigado cuántas citas telefónicas tuvo mi hermana en Atención Primaria. El forense se limita a indicar en su informe, dentro de las “consideraciones sobre la actuación médica”, que las consultas médicas “fueron atendidas, bien de forma presencial, bien de forma telemática, en base al Protocolo de Actuación de Atención Primaria Covid-19“. Ni una sola cifra, ni una sola aproximación, poniéndose en evidencia el escaso alcance que ha tenido esta investigación e infravalorándose la pérdida de oportunidad que tuvo para mi hermana no ser explorada nunca.

En segundo lugar, en el informe se reconoce que aunque mi hermana obtuvo cita con un traumatólogo del Hospital de Burgos (HUBU), “no se llega a realizar la consulta”. Debe parecerle al forense muy normal, porque no realiza comentario alguno sobre semejante circunstancia, detrás de la cual está que aunque mi hermana estuvo el 18 de junio en la consulta de ese traumatólogo, él no quiso atenderla, por considerar que no era de su competencia una supuesta lumbociatalgia, aunque mi hermana insistió en que no podía soportar los dolores. No le realizó prueba alguna, y la derivó a un rehabilitador, que le dio cita para ocho meses más tarde.

El tercer lugar, y como hecho especialmente grave y lamentable, el forense dice que mi hermana fue tratada con hierro por anemia ferropénica y que cuando, “a pesar del tratamiento, no se corrige, e incluso ha empeorado, se traslada al hospital para estudio”. Esto no es que sea discutible. Es que es rotundamente falso. Desde que mi hermana tuvo el 17 abril la primera cita telefónica con su médico de Atención Primaria, nunca se le hizo una analítica y, por tanto, nunca se le diagnosticó anemia, y, por lo tanto, nunca se le recetó hierro, y menos se la derivó al hospital por no mejorar. Lo que sí ocurrió es que mi hermana solicitó una analítica en julio, que se le realizó el día 9 de ese mes, y cuando los preocupantes resultados llegaron su médico, no tuvo más remedio que indicarle que debía acudir al hospital, adelantándole que iba a necesitar, con total probabilidad, una transfusión de sangre. Pero mi hermana nunca fue tratada con hierro en Atención Primaria, porque durante los tres meses anteriores nadie le hizo analítica alguna.

He solicitado a la Fiscalía de Burgos poder conocer si se ha recogido declaración, verbal o por escrito, a los médicos que atendieron a mi hermana, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, en el HUBU y en el Hospital de Cruces. Lo he hecho porque me llama mucho la atención la falta de concreción del informe forense, que, en el supuesto caso de que fuera más amplio que el recogido en el auto de archivo, debiera ser remitido íntegramente a los denunciantes. Es fundamental pedir explicaciones a los médicos si de verdad hay voluntad de hacer asumir responsabilidades. La historia médica de mi hermana en Atención Primaria no recoge uno solo de sus sospechosos síntomas: pérdida de peso, fatiga, dolor de estómago… ¿No se han pedido explicaciones sobre una dejación tan importante?

Tras todo lo expuesto, solo puedo manifestar que yo he investigado infinitamente más que la Fiscalía de Burgos. Resulta muy penoso que casos tan graves se traten con tal falta de profundidad y rigurosidad. La justicia no puede ser esto.

No ha terminado este doloroso camino que hemos emprendido. Sonia merece que se reconozca el daño que se le causó. Estoy convencida de que la deficiente atención médica recibida le costó tiempo de vida a mi hermana. Tiene que haber alguien, en algún lugar, que no permita que se tape ni que quede impune.

* Lydia Saiz-Maza Zorrilla es hermana de Sonia Sainz-Maza Zorrilla, una mujer de 48 años que vivía en Espinosa de los Monteros (Burgos) y que falleció el 13 de agosto de 2020 después de más de tres meses en los que, según cuenta la familia, solicitó asistencia médica presencial sin tener acceso a ella.