Un conjunto de normativas legales, entre leyes y decretos-ley, publicados en el año 2012 como medidas para afrontar la crisis económica, afectaron de lleno a la población en general (la más cruel fue la modificación de la Ley de Dependencia para poder cobrar las ayudas, endureciendo los requisitos) y a los profesionales que trabajan en los servicios públicos en particular, a quienes pusieron en la diana de las medidas de austeridad más duras que se han conocido (congelación salarial, supresión de pagas extraordinarias, aumento de la jornada laboral, tasa de reposición de personal 1/10, etc.).
Todas estas situaciones, según recoge la ley, “se mantendrían hasta que el crecimiento económico supere el 2,5% del Producto Interior Bruto Interanual de Castilla y León”, situación que desde el segundo trimestre de 2015, con un crecimiento del 2,9%, se mantuvo creciendo por encima del 2,5% hasta el 2018. Esto conllevaba el compromiso de la Administración de retornar los derechos –algunos se han ido recuperando– hasta su total reversión a la situación de 2012.
La Junta de Castilla y León presidida por Juan Vicente Herrera (PP) firma el compromiso de retornar a la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de junio de 2019.
“La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. La notificación oficial de que el Gobierno de Castilla y León ha cumplido los tres objetivos se ha producido esta misma semana, por lo que las partes firmantes han acordado hoy martes, 21 de mayo de 2019, recuperar la jornada laboral de 35 horas, volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras”.
El actual Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP–C’s) rompe de forma unilateral el acuerdo.
En Sanidad, el aumento de jornada de estos años no ha servido para disminuir las listas de espera y mejorar la calidad de la asistencia, sino para sobrecargar a los profesionales sanitarios, que han visto cómo no se sustituían vacaciones, jubilaciones, bajas por enfermedad, etc. y tenían que asumir una mayor carga de trabajo.
Ahora tratan de demonizar a las trabajadoras y los trabajadores públicos, a quienes se critica por querer trabajar menos, sin reconocer que restaurar el derecho logrado de las 35 horas, tras largos años de lucha, supondrá la obligación de contratar todos los puestos de trabajo que han ido disminuyendo en los hospitales y en Atención Primaria durante estos años pasados, siendo necesarios para dar una atención sanitaria de calidad a la población. Todo lo demás son fuegos de artificio para enfrentar a los empleados públicos con la gente a la que atienden.
El doble juego de la Administración del PP y Ciudadanos, incumpliendo lo acordado y, al mismo tiempo, enfrentando a sus empleados con la población, desprestigiando a quienes trabajamos para lo público, no deja de ser un síntoma más del desgobierno y la mala gestión que en Castilla y León ejercen quienes nos administran.
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