La política de recortes continuados no ha servido para gestionar mejor, sino para desviar recursos a la Sanidad privada, unas veces de forma sutil, reduciendo el número de profesionales sanitarios, y otras mediante conciertos y externalizaciones de servicios que son más costosos, menos eficientes y empeoran la calidad de la atención sanitaria.
Pero los ciudadanos se preguntarán: ¿Cómo es posible que siendo las privatizaciones más caras y menos eficientes se sigan haciendo? ¿No se les llena la boca a los políticos del Partido Popular con la necesidad del ahorro? Lo que realmente subyace en estos procesos que impulsan las privatizaciones y los recortes no son razones de ahorro, sino ideológicas, políticas y económicas para favorecer el sistema de aseguramiento y la Sanidad privada, es decir, seguir con el deterioro constante y consentido aumentando el presupuesto para centros privados y reduciendo el de los públicos.
En Castilla y León estamos pasando por un momento especialmente crítico, el cierre de camas y quirófanos, el escandaloso aumento de las listas de espera que, en muchos casos, pone en riesgo la vida de las personas, la falta de personal o el alejamiento de las infraestructuras sanitarias del medio rural, que pone de manifiesto la falta de planificación y estrategias de la Junta; éstas y otras consideraciones han hecho saltar las alarmas de todas las plataformas constituidas en Castilla y León. Por ello, han convocando una gran manifestación regional el 20 de enero de 2018, a las 12:00 horas, en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid, que pretende trasladar al consejero Sáez Aguado el malestar e indignación por los efectos de los recortes y la mala gestión de los recursos sanitarios.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca está colaborando con las plataformas regionales y solicita el apoyo de todos los ayuntamientos de la provincia a través de mociones para defender a la Sanidad pública y para acudir a esta manifestación.
No podemos aguantar por más tiempo a gestores que carecen de habilidades directivas a los que se les ha tenido más en cuenta su afinidad política o parentesco familiar que la experiencia o conocimientos en gestión pública y que obedecen más a impulsos dictatoriales que racionales y donde se toman decisiones enloquecidas que nos conducen al desastre, sin tener en cuenta el afecto que tiene en las personas.
La Sanidad pública tiene problemas que hay que abordar de manera urgente, y tanto ciudadanos como profesionales sanitarios debemos ser más exigentes con nuestros políticos y gestores sanitarios. Desgraciadamente, hemos llegado al punto de aceptar con resignación estos despropósitos, olvidando nuestros derechos. La sociedad civil tiene que exigir y vigilar, además de realizar reclamaciones a la propia Consejería.
Las listas de espera, tanto quirúrgicas como de atención especializada o pruebas diagnósticas, son humillantes; los tiempos de espera, en muchas ocasiones, agravan su situación y sobrepasan el límite de lo decente. La sociedad civil tiene que vigilar y exigir medios de participación para la ciudadanía en el sistema sanitario desde donde poder manifestar sus quejas y propuestas.
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