El hecho de publicar el decretazo sin negociación y sin pacto, ninguneado a los sindicatos, ofrece una idea del escaso respeto que les tiene, ya demostrado con el acuerdo, firmado y no cumplido, para recuperar las 35 horas, a pesar de ser los legítimos representantes de los trabajadores.
Cuando empleo la palabra militarizar no me refiero a que los militares asuman funciones sanitarias en nuestra Comunidad, que también las han realizado, ante la falta de previsión de la consejera de Sanidad para contratar a los suficientes rastreadores que hicieran posible una detección rápida y eficaz de los contactos de las personas con PCR positiva.
Me refiero con militarizar al hecho de ordenar por parte de los superiores (gerentes) y a obedecer con diligencia y exactitud las órdenes dadas por parte de los trabajadores, aun en contra de sus derechos. Hablando en plata: manejar a su antojo los recursos humanos de toda la comunidad autónoma, pudiendo mover de hospital, localidad y provincia a cualquier trabajador si así lo ordena el gerente, suprimiendo vacaciones, licencias o cualquier permiso.
La cuestión es por qué se ha llegado a este extremo. Cuando la consejera es inacapaz de fidelizar a los profesionales que se forman en la Comunidad, cuando esta Comunidad no es de las preferidas para formarse, excepto en algunas especialidades punteras, cuando se pierden profesionales cada año, todo tiene una causa, y es el maltrato que se profesa a los profesionales.
Mucho tiempo vengo diciendo que la Atención Primaria, en una Comunidad envejecida y con alto número de pacientes pluripatológicos, tenía que reforzarse, al igual que los cuidados de estos pacientes en su entorno, impulsando el papel de la enfermería. Ni una sola mejora. Además, estas deficiencias se han visto potenciadas con la pandemia, dando lugar a una de las peores comunidades autónomas en número de contagios, hospitalizaciones y muertes por SARS-coV-2. En el hospital, la escasa plantilla ha tenido que hacer frente a una de las situaciones más difíciles que recuerdo. Supuso un enorme peligro en sus inicios, al no disponer de medios adecuados de protección, dando lugar a un alto número de contagios entre los trabajadores.
Si la gestión al frente de la Comunidad y de la Sanidad durante la pandemia ha sido un desastre, se dimite. Como en este país no dimite nadie, la respuesta del presidente Mañueco a su ineptitud es cargar contra los profesionales suprimiendo, de facto, todos sus derechos adquiridos. Es el tiempo de los sindicatos, para que presionen y logren la retirada del decreto como única opción. No vale otra.
No nos sirve “que no se desarrolle”, como ya algunos comienzan a decir. Lo único que nos sirve es su total y completa retirada antes de sentarse a negociar. Si la confianza que se ha depositado en nuestros representantes se defrauda porque ceden ante la Junta, en su momento recibirán de los profesionales la reprobación que merezcan. Ahora es el momento de estar unidos ante este ataque sin precedentes en la historia de las relaciones laborales entre la Administración y sus trabajadores.
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