El Sistema Nacional de Salud ha comenzado el año 2015 abordando el tema de una enfermedad como la hepatitis C; para ello, el lunes creó un comité científico para la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. Este órgano, presidido por el doctor Joan Rodés y constituido por una decena de expertos nacionales e internacionales, tiene la responsabilidad de elaborar un primer informe en el plazo de tres semanas.
El plan va a contar con aportaciones de todas las asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionales y comunidades autónomas.
Las líneas estratégicas del plan serán: conocer los datos epidemiológicos más precisos de la enfermedad, crear un registro de pacientes con la enfermedad para seguir su evolución, establecer las prioridades terapéuticas con criterios científico-clínicos e incluir en el tratamiento los nuevos fármacos cuya eficacia haya sido científicamente demostrada.
Y el objetivo general que se persigue con el plan es disminuir la morbimortalidad causada por el virus, mejorando la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes en todo el Sistema Nacional de Salud.
Hemos visto, antes de que exista un plan elaborado por los expertos, toda una demanda social y un debate político sobre el acceso a los nuevos tratamientos; el propio ministro ha salido diciendo que lo importante “no es el dinero”, sino “saber cómo hay que tratar a los pacientes” y “garantizarles” el acceso a los medicamentos de última generación tal y como prescriban los médicos; el Partido Socialista en Madrid lleva el tratamiento de la hepatitis C a la Audiencia Nacional para presionar al Gobierno con el objetivo de asegurarse que los pacientes de hepatitis C reciban el tratamiento; los afectados quieren interponer una querella criminal a la ex ministra Ana Mato; el propio presidente del Gobierno ha afirmado que ningún enfermo afectado por hepatitis C “se va a quedar sin medicamentos”.
En fin, toda persona a la que se le pregunte puede opinar sobre este tema, pero considerando su trascendencia y complejidad, debemos recuperar la cordura y dejar que sean los profesionales que tienen la responsabilidad de prescribir los que decidan y, con criterios científico-técnicos, pongan a disposición de sus pacientes los tratamientos que consideren más adecuados.
En Castilla y León, el 5 de diciembre se recibieron instrucciones en los hospitales por parte de la Consejería de Sanidad para facilitar los nuevos tratamientos, de acuerdo con los criterios clínicos, y no existen limitaciones administrativas a los medicamentos autorizados.
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