Alertan sobre las tácticas usadas por las tabacaleras “para interferir en el control del tabaco”

Lo han hecho durante la Jornada sobre El control del tabaco en la nueva agenda política, organizada en Madrid por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la Organización Médica Colegial (OMC), la iniciativa ciudadana Porque Nosotros Sí para el Avance de la Ley de Tabaco (XQNS) y el Institut Català d’Oncología, centro colaborador de la OMS para el Control del Tabaco.

En el encuentro, estas entidades han alertado sobre “las tácticas utilizadas por la industria tabacalera para interferir en el control del tabaco”, denunciando públicamente el acuerdo entre la Guardia Civil y las empresas Philip Morris, Altadis y Cetarsa por considerar “que vulnera el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Según recuerdan estos  colectivos, el impacto del tabaco en España “sigue siendo alarmante”, ya que 160 ciudadanos y ciudadanas mueren cada día como consecuencia del tabaquismo, “un problema que afecta al 24% de las españolas y al 27% de los españoles”. Según la Encuesta ESTUDES 2014-2015, recientemente presentada por el Plan Nacional sobre Drogas, 375 jóvenes del país empiezan cada día a fumar tabaco.

Representación política

En la jornada han participado los doctores Juan José Rodríguez Sendín, presidente OMC; Regina Dalmau Gallarza, presidenta del CNPT; Esteve Fernández Muñoz, director del Institut Català d’Oncología, y Joseba Zabala Galán, coordinador de XQNS, quienes han denunciado las vulneraciones del Convenio Marco de la OMS.

También han intervenido los portavoces de Sanidad en el Congreso de los Diputados de los grupos Popular y Socialista, José María Eiros y Jesús María Fernández, respectivamente, y los portavoces adjuntos de los grupos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, Amparo Botejara y Fernando Navarro, respectivamente, así como José Andrés Llamas, representante del Área de Sanidad de Izquierda Unida. Todos ellos han manifestado el posicionamiento de sus partidos en relación a los acuerdos suscritos con la industria del tabaco y han abordado las acciones de sus formaciones en defensa de la salud pública para impulsar el empaquetado genérico en España.

Los representantes del CNPT, la OMC, el ICO y XQNS, siguiendo la estrategia de OMS Europa, Smoke Free Partnership y otros colectivos sanitarios europeos en la defensa de la prevención del tabaquismo, han querido denunciar esta situación y hacer pública la protesta formal al Gobierno que han traslado en una carta enviada la semana pasada al presidente en funciones, Mariano Rajoy. En ella critican el acuerdo de la Guardia Civil y Philips Morris Spain, firmado en octubre de 2015, sobre la aportación de medios para la lucha contra el contrabando de tabaco.

Vulneración del convenio de la OMS

Los colectivos sanitarios y ciudadanos consideran que este convenio con la industria tabaquera vulnera claramente el Convenio Marco de la OMS, que en su artículo 5.3 establece que cada parte, con arreglo a su capacidad, “establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación para el control del tabaco” y “adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco”.

Para estas organizaciones, el acuerdo entre Philip Morris International y la Guardia Civil contraviene las directrices de la OMS para la aplicación de este artículo, “que conmina a los gobiernos a proteger sus políticas de Salud Pública contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera”. 

Estas directrices establecen “que todos los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son responsables de establecer y aplicar políticas de control del tabaco y de proteger dichas políticas contra los intereses de la industria por lo que deberían rendir cuentas al respecto” (art.10), y precisan que cuando sea necesario “interactuar con la industria tabacalera, las partes deberían asegurarse de que esas interacciones se realicen de modo transparente”.

Una contribución indebida

Además, los colectivos ponen en evidencia que este acuerdo contraviene el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de los Productos del Tabaco, impulsado por la OMS y firmado por el Gobierno de España también recientemente, y que establece que: “el sistema de seguimiento y rastreo del contrabando debe de ser controlado por el Estado de forma independiente de la industria tabaquera” (art.8); “las obligaciones asignadas a una parte no serán cumplidas por la industria tabacalera ni delegadas en ésta” (Art.8.12) y “las partes se esforzarán, de conformidad con su derecho interno, por lograr la autosuficiencia en la financiación de la aplicación del protocolo, en particular mediante la implantación de impuestos y otros gravámenes a los productos de tabaco” (art. 36.8).

Según el CNPT, la OMC, el ICO y XQNS, la donación por parte de Philip Morris International de sistemas de cámaras acuáticas, sistemas de visión nocturna y escáner vulnera también las directrices de la OMS, “que expresan claramente que los gobiernos no deberían permitir que ningún poder público o el sector público acepte contribuciones políticas, sociales, financieras, educativas, comunitarias u otra clase de contribuciones de la industria tabacalera o de quienes trabajan para promover sus intereses, salvo si se trata de compensaciones debidas a arreglos jurídicos o acuerdos establecidos por ley o jurídicamente vinculantes y de obligado cumplimiento”.

En la Jornada, los representantes de estas entidades han expresado su preocupación “por las consecuencias económicas y sociales que genera el comercio ilícito de productos de tabaco, no sólo porque sus beneficios se utilizan para financiar la actividad delictiva transnacional, sino también porque la merma de ingresos al Estado interfiere en los objetivos del Gobierno y debilita la consecución de los objetivos sanitarios”. El resultado, según expusieron, es, además, “una carga adicional para el sistema de salud que incide muy negativamente en los jóvenes y en otros colectivos vulnerables”.

También han reseñado la repercusión internacional que está teniendo la colaboración entre el Gobierno de España y Philip Morris International, hecho “impropio” de un país desarrollado. Un ejemplo es la atención que prestó en su día al asunto la revista British Medical Journal, que en un editorial ponía en evidencia que la policía española “permite que Philip Morris aparezca como la solución del contrabando de tabaco, y no como la causa de este problema”.

Por todo ello, las organizaciones impulsoras de la jornada han exigido al Ejecutivo que declare nulo dicho acuerdo, y han solicitado “que se hagan públicos los textos íntegros y las actas de éste y otros convenios que se han firmado con la industria del tabaco o sus grupos de presión (como la Mesa del Tabaco), así como la memoria económica de los mismos y la información que genere su seguimiento futuro, para que no vuelvan a repetirse”.