Castilla y León avanza en la tramitación de la ley que garantizará los cuidados paliativos a toda la población

Bajo la premisa de garantizar la voluntad y el respeto a la dignidad de todos los ciudadanos durante el proceso final de su vida, el texto responde “a la necesidad de avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria y garantiza cuidados paliativos a toda la población“. A tal efecto, explica el Ejecutivo autonómico, “se regulan y blindan los derechos básicos que corresponden a las personas en esta etapa y se asegura el cumplimiento de su voluntad, protegiendo, entre otros, el derecho a la intimidad o a manifestar instrucciones previas”.

La futura norma, que deberá tramitarse en las Cortes regionales, es uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado en 2019 entre Ciudadanos y el Partido Popular, y ha contado en su elaboración con el aval de los colegios profesionales implicados y del Consejo de Salud de Castilla y León, entre otros agentes.

Para cumplir con este objetivo esencial, y en línea con la legislación existente en otras CCAA, el anteproyecto regula los siguientes derechos de las personas que se enfrentan a este momento: a la dignidad; a la vida y a la integridad física y moral; a la protección integral de la salud; a la intimidad y la confidencialidad relativas a la propia salud; a ser informadas antes de recibir un tratamiento médico; a manifestar instrucciones previas y a recibir tratamientos y cuidados paliativos adecuados.

Además, se establecen matizaciones con respecto al ejercicio de dichos derechos por menores de edad y se determinan los deberes correspondientes a los profesionales, garantizando su seguridad jurídica, tales como la confidencialidad, la información clínica en términos comprensibles, el respeto a la voluntad del paciente y a sus instrucciones previas, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la evaluación de aquellas situaciones en las que el paciente está imposibilitado para la toma de decisiones.

Del mismo modo, el anteproyecto regula las obligaciones que corresponden a los centros e instituciones sanitarias y sociosanitarias, ya sean de titularidad pública o privada, responsables de la atención a los pacientes que se encuentren en este momento final. Estas entidades no solo tienen que facilitar el acompañamiento del enfermo –por parte del entorno familiar y afectivo o por voluntarios–, sino también “proporcionar auxilio espiritual y apoyo a la familia o a los cuidadores durante todo el proceso; informar a los pacientes sobre los cuidados paliativos a los que pueden acceder y ofrecer, cuando sea posible, estancia en habitaciones individuales, algo que ya se garantiza en todos los hospitales de la Comunidad”.

Comité de ética y vigilancia

La nueva norma sanitaria establece la obligación de que los centros relacionados con la asistencia al final de la vida estén vinculados a un comité de ética asistencial, y atribuye a la Consejería de Sanidad las labores de vigilancia, supervisión e inspección para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. Por este mismo motivo, se regula también el régimen sancionador que se debe aplicar ante posibles incumplimientos.

Por otro lado, desde el Gobierno autonómico se recuerda que la formación de los profesionales en esta materia “está ya contemplada en el Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León 2017-2020.

La Junta aclara que el objeto de este anteproyecto “es complementario al establecido en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, ya que el texto autonómico regula los derechos de las personas que afrontan el trance final de su vida, garantizando el acceso universal tanto a los cuidados paliativos como a una medicina avanzada y eficaz en esta etapa vital, mientras que la ley de la eutanasia regula el derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, así como el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”.

La norma presentada en Consejo de Gobierno se estructura en cinco títulos y 30 artículos, y su puesta en marcha implica, de manera directa, tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El impacto económico de la ley estará incluido en los presupuestos de estos dos departamentos, con la excepción de la financiación, a mayores, de dos acciones concretas que se han considerado importantes: el desarrollo del Proyecto Final de Vida y Soledad, en el que trabajan de manera conjunta la Consejería de Sanidad y la Fundación “la Caixa”, y cuya implantación requerirá la contratación de nueve psicólogos y nueve trabajadores sociales; y el Proyecto INTECUM, puesto en marcha en 2019 por las Consejerías de Familia y Sanidad y la Diputación de Palencia, que tiene entre sus objetivos el de atender en su propio domicilio, y con todos los medios necesarios, a los pacientes que se encuentran al final de la vida.