El Grupo de la Ley Integral del Amianto, formado por sociedades civiles, médicas, ecologistas y asociaciones de víctimas de toda España, en un comunicado de prensa, instan a todos los Grupos Parlamentarios, a hacer justicia social con las víctimas del amianto, y apoyar de forma contundente la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación, aprobada ya por unanimidad en el Parlamento de Euskadi, y que es objeto de debate ahora en el Congreso de los Diputados.
Trasladan que el Estado lleva años dando la espalda a la pandemia del amianto, y a sus afectados, y ya no se puede aplazar más el debate en sede parlamentaria de un problema de salud laboral y medioambiental, y de justicia social, de tan graves consecuencias, que ha causado decenas de miles de víctimas, todas ellas, injustas. “El amianto mató, mata, y seguirá matando, si no se actúa de forma contundente contra él, como han hecho otros países europeos”, aseguran.
Juan Carlos Paul, presidente de la Federación de Asociaciones y Colectivos del Amianto, traslada que “apoyamos el anteproyecto de Ley del Fondo de Compensación porque ampara a todas las víctimas, no solo a los trabajadores de grandes empresas, que pueden indemnizar, sino también a los que no tienen a quien reclamar porque se trataba de pequeñas empresas, muchas de ellas cerradas, en que prestaron sus servicios, o por falta de solvencia”.
Según expone, las enfermedades provocadas por el amianto, afloran, muchas veces, hasta 50 años después de la exposición. Por eso piden que este Anteproyecto pretende amparar a todos los afectados, porque da cobertura social a otros grupos, que podría parecer insólitos, “como los familiares que convivían con los trabajadores expuestos al amianto, que traían la ropa contaminada a casa, donde se lavaba, donde los niños que abrazaban a sus padres al llegar del trabajo. La contaminación del amianto se llevaba así de las fábricas a los hogares. Y también a personas que han enfermado y van a enfermar,por respirar fibras de amianto en barrios próximos o contiguos a fábricas de fibrocemento”.
Jesús Uzcundun, exsecretario de Salud Laboral de CCOO Euskadi y portavoz de ASVIAMIE, Asociación vascas de víctimas del amianto, manifiesta que es “es hora de reparar el daño causado con tanta muerte y enfermedad por tantos años de ocultar el riesgo y el incumplimiento empresarial de la legislación de Seguridad e Higiene. Resulta injusto que mientras el Ministerio de Industria, mediante Cofivacasa, indemniza con dinero público a unas víctimas, otras no reciben ninguna indemnización porque las empresas desaparecieron”.
Hablan los afectados
Susana Tirado, portavoz de A4, Asociación de Afectados/as por el amianto en Aragón, ha indicado que “el fondo de compensación a las víctimas no reemplaza a la pérdida del ser querido, pero es necesario para dar tregua a la lucha que siguen las familias tras la pérdida irremplazable, el hecho de haber perdido la vida por tu trabajo sin que el empresario adoptará las medidas de seguridad e higiene necesarias y solo con el único fin de conseguir el mayor beneficio económico. Ahora no solo hablamos de trabajadores, el amianto está en todas partes, tambén con nuestros niños, en hospitales, y por ello es necesario un fondo de compensación a las víctimas para que alguien responda de esa irresponsabilidad cometida a sabiendas de que el amianto mata”.
La neumóloga Carmen Diego, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), traslada que “el amianto es un mineral que se utilizó de forma masiva en la construcción en nuestro país, sobre todo en las décadas de los años 70 y 80 hasta que empezó a ser prohibido para algunas aplicaciones a partir del año 1984 y para cualquier uso en el año 2002, debido a que es un material que produce cáncer, concretamente es el responsable de la gran mayoría de los cánceres de causa laboral. Si bien es cierto que fue prohibido para nuevos usos, no se ha regulado sobre qué hacer con el ya instalado y que con los años comienza a deteriorarse y a generar fibras que, inhaladas, pueden ocasionar al cabo de muchos años un cáncer como el que acabó con la vida de José María Iñigo y, como él, muchos otros trabajadores que estuvieron expuestos a lo largo de su vida laboral, o que pueden padecerlo en un futuro”.
Cualquier exposición es peligrosa
La problemática del amianto tiene muchas aristas. Por un lado, las enfermedades que produce y que motivaron su prohibición, aparecen muchos años después de la exposición, por lo que en numerosas ocasiones el paciente ni siquiera lo recuerda.
Por otro, la peligrosidad de este material radica en que, además de ocasionar enfermedades, no hay nivel de seguridad, es decir, no hay ninguna concentración de fibras de amianto que digamos que por debajo de la misma no hay riesgo de contraer una enfermedad como el mesotelioma. Cualquier exposición es peligrosa para la salud. A esto hay que añadir que hay numeroso amianto todavía instalado y que si no está ya deteriorado, está empezando a deteriorarse y, por tanto, a esparcir fibras que, como sabemos, pueden producir enfermedad al cabo de los años. Se trata, por tanto, de un auténtico problema de salud pública y medioambiental.
La plataforma para una Ley Integral del Amianto cuenta con una amplio apoyo social, médico y ecologista, prueba de ello son las más de 70.000 firmas recogidas en la change.org/leyamianto, y las más de 10.000 firmas que ha recogido la Asociación Navarra del Amianto Nuevo Amanecer, para la investigación de terapias de tratamiento para el mesotelioma, un cáncer derivado casi en el 100% de los casos de la exposición al amianto.
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