Exigen al Gobierno “trabajar sin más dilación” para que la Ley Integral del Amianto llegue en 2021 al Congreso de los Diputados

La propuesta de Ley Integral del Amianto tiene como pilares la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (IHI)) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo Erradicar el amianto en la UE (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura, estableciendo el año 2032 como plazo máximo para la consecución de la plena erradicación del amianto en territorio europeo.

Las organizaciones firmantes han instado al Gobierno a ir un paso más allá “en vista de la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el inaceptable deterioro de muchas edificaciones con amianto y vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto al conjunto de la sociedad”, y conseguir el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028, para lo cual hay que “trabajar desde ya y sin más dilación”.

Susana Tirado, presidenta de A4 Asociación de Afectados por Amianto de Aragón, indicó que “es necesario una Ley Integral del Amianto para evitar la desigualdad que se está generando entre victimas futuras, dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia, en función de las medidas legislativas que adopte cada una. Este principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española no puede ser vulnerado por los poderes públicos, amparándose en legislaciones sectoriales y delegación de competencias en dichas comunidades. Existe una obligación del reconocimiento a las víctimas del pasado y la creación de un Fondo de Compensación de Víctimas del amianto como existe en otros países europeos, así como proteger a las víctimas del presente, y evitar desigualdades en las víctimas futuro. Debe trasladarse el concepto de justicia social, al contexto del amianto”.

Asimismo, Carlos Arribas, coordinador de Residuos de Ecologistas en Acción, indicó que “es inadmisible que el censo y la erradicación del amianto no figure en el Plan de Recuperación”. En este sentido, siendo el aspecto medioambiental uno de los elementos fundamentales de la propuesta de Ley Integral del Amianto, considera que “resulta inaceptable que en el Plan de Recuperación existan partidas para obtener Combustibles Derivados de Residuos (CDR) a través de Plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), para quemar residuos como plásticos, textiles, y cartones, que podrían ser perfectamente reciclados a través de una recogida selectiva. Financiando estas actuaciones, solo se consigue maquillar las tasas de vertidos de cara a Europa, y sin embargo no se aborda el grave problema de los miles vertidos de amianto que existen en España en entornos rurales, urbanos y naturales”. Carlos Arribas ha instado a “incluir partidas ambiciosas y contundentes, para censar y erradicar el amianto en España por líneas de actuación prioritarias”.

Laura Mezquita, oncóloga de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha indicado que “la inversión en salud ambiental y laboral es la mejor aliada para la prevención de enfermedades muy graves y letales como cáncer de pulmón o el mesotelioma, derivado de la exposición al amianto. Evitar la exposición al amianto, es invertir en evitar miles de muertes, que son evitables”. Según la Dra. Mezquita, “es necesario e inmediato una Ley Integral del Amianto que aborde la grave pandemia sanitaria, ya que no existe ninguna ley que obligue claramente a retirar el amianto deteriorado, ni que proteja a la población en general de la exposición al amianto, especialmente a población infantil, es que la más sensible a esta, porque tiene más años para desarrollar la enfermedad”.

Asimismo, María Asun Fernández, presidenta de la Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer Respirando (ANANAR), destaca la importancia del pilar de la investigación en la propuesta de Ley Integral del Amianto: “el desarrollo de nuevas terapias para tratar el cáncer derivado de la exposición al amianto es la única esperanza para aquellas personas que ya han estado expuestas al amianto, o lo estarán en el futuro, por lo cual es inevitable desarrollar la enfermedad, que a hoy es una sentencia de muerte, y sin investigación, lo seguirá siendo”.

Por todo ello, el Grupo de la Ley Integral del Amianto, considera que “es necesario, urgente e inaplazable trasladar el concepto de que la salud es lo primero, al contexto del amianto (se puede leer en el manifiesto trasladado al Ejecutivo español). Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”.