Los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad la creación de una tarjeta sanitaria individual para evitar copagos en menores con discapacidad, con enfermedades raras o cáncer hasta su curación. La propuesta ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con la prestación farmacéutica para los menores de edad con discapacidad igual o superior al 33% y con enfermedades raras o graves.
El objetivo es que con esta tarjeta se contemple el derecho a la gratuidad de la prestación farmacéutica para los menores de edad con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, enfermedades raras o graves, como el cáncer. Los socialistas creen que la gratuidad de medicamentos no se está aplicando por igual en todo el territorio nacional ni a todas las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento, ya que a los menores de edad con discapacidad no se les está aplicando la gratuidad establecida, “salvo en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el País Valenciano, que ya cuentan con regulación propia eximiendo el copago farmacéutico y de los productos ortoprotésicos a los niños con discapacidad”.
Los niños con discapacidad que no son pensionistas o hijos de pensionistas pagan el 40% del precio de sus medicamentos. Y las familias que tienen hijos menores de 18 años con enfermedades raras, graves y/o discapacidad reconocida “tienen que hacer frente a elevados costes sanitarios y asistenciales necesarios para su adecuada atención”.
La adquisición de medicamentos, pañales, alimentación específica, tratamientos de Fisioterapia, Logopedia o material ortoprotésico, entre otros, “supone un elevado importe económico mensual que muchas familias tienen dificultades para afrontar o directamente no pueden asumir”, insistían en su propuesta.
Un derecho universal
Al respecto, el Grupo Parlamentario Socialista asegura que la salud, la aplicación de los tratamientos prescritos y la calidad de vida de los menores con discapacidad “no puede depender del poder adquisitivo de la familia, ni de la Comunidad Autónoma donde residan. Son un derecho universal que los poderes públicos deben garantizar en todo el territorio nacional”.
La idea es que los menores de 18 años con discapacidad reconocida o enfermedad rara o grave tengan una tarjeta sanitaria personal, siendo estos menores los titulares de la misma, sin necesidad del reconocimiento como beneficiario; “lo que les permitiría tener autonomía en su utilización y que esté dentro del Tipo TSI 001 o equivalente en toda España, con el fin de que desde el momento de la detección de la enfermedad estén exentos de cualquier copago sanitario, sea de medicamentos que se dispensen en farmacias u ortoprotésicos, así como cualquier otro material o tratamiento que pueda prescribir un médico, de manera que a los productos farmacéuticos o material ortoprótesico que tengan que utilizar no se les aplique los porcentajes de aportación establecidos, copagos, para su adquisición”.
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