El Informe anual del Defensor del Pueblo, presentado este martes por Francisco Fernández Marugán en el Congreso de los Diputados, recoge un total de 824 quejas en sanidad, un 59% más que las que hubo en 2017 (517 quejas).
De estas 824 quejas recibidas, 629 fueron individuales y 195 fueron agrupadas. Tamibén, la institución inició 25 actuaciones de oficio y no hubo ninguna solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional por alguna queja sanitaria.
El Informe Anual 2018 entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz recoge un total de 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.
Además, formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 318 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.
Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución. El año pasado continuaron recibiéndose quejas que muestran que es necesario mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Fernández Marugán ha destacado que “ahora que la situación económica es mejor es el momento de diseñar políticas económicas distintas, de invertir en política pública”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo considera necesario aplicar con urgencia iniciativas y reformas, así como aumentar el personal y los medios materiales, en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a personas mayores y a personas dependientes. Asimismo, ha pedido aumentar la oferta pública de vivienda protegida.
Merma calidad asistencia sanitaria
La merma en la calidad de la atención sanitaria debido a algunas carencias, humanas y materiales, especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y a dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente, también fueron motivo de queja por parte de los ciudadanos.
Además, se recibieron quejas por el copago farmacéutico, sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.
Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la atención primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia.
Condiciones precarias de los profesionales sanitarios
Las quejas reflejan desde la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, con particular incidencia en una dotación de recursos humanos insuficiente y en condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo. Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, para las que las administraciones públicas no estarían ofreciendo la debida respuesta, a pesar de estar bien identificadas, cronificándose algunos problemas que hacen temer por un deterioro de la atención
sanitaria pública.
En opinión de la Institución es imprescindible que todas las administraciones implicadas propongan de manera coordinada unas condiciones aceptables de trabajo para todo el personal que atiende en los centros de salud, consultorios o servicios de urgencias no hospitalarios, y promuevan, desde el ámbito formativo y de desarrollo profesional, mejores condiciones de incentivo y de atracción para los distintos colectivos de profesionales
Respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud, y a pesar de la aprobación en 2018 de un nuevo marco legal, persisten dudas sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados casos, como son familiares de ascendientes de españoles o residentes en régimen comunitario, o personas que se encuentran en estancia temporal en España como los estudiantes extranjeros.
Personas mayores
La investigación abierta con todas las Comunidades Autónomas sobre la atención que se presta en los centros residenciales para personas mayores muestra una insuficiencia de plazas públicas y concertadas de atención residencial, por lo que, en opinión de la Institución, es necesario un mayor esfuerzo presupuestario.
Para mejorar la calidad asistencial, han de revisarse las ratios de personal de atención directa. Asimismo, la Institución cree que hay que actualizar y armonizar la normativa sobre centros residenciales y mejorar los mecanismos de recopilación de datos para poder tener estadísticas fiables sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto a nivel de comunidades autónomas como estatal.
El Defensor del Pueblo considera además necesaria una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales.
Otras actuaciones de la Institución relacionadas con el bienestar de las personas mayores tienen que ver con el transporte y las comunicaciones. Preocupa a la institución el colectivo de personas receptoras de teleasistencia domiciliaria, en su mayoría de edad avanzada, que necesitan que el servicio de telefonía se les preste de manera correcta y sin incidencias. Las quejas recibidas inciden tanto en la falta de teleasistencia como en la necesidad de resolver las incidencias de manera urgente.
Menores
La motivación y la notificación de la las resoluciones que declaran el desamparo, el incentivo de los acogimientos familiares, la atención de los menores que pasan a la mayoría de edad, la protección de los menores acogidos cuando se trasladan de comunidad autónoma y el funcionamiento de algunos centros han sido objeto de actuaciones en 2018.
Los servicios de atención temprana para menores con discapacidad también han propiciado la intervención del Defensor del Pueblo. En el caso de la Comunidad de Madrid, la Administración ha reconocido que el elevado número de solicitantes, unido al bajo índice de rotación de las plazas, al estar adjudicadas a menores que precisan tratamientos de larga duración por el nivel de afectación que presentan, sigue haciendo que haya lista de espera para los usuarios.
En opinión de la Institución, la diferencia entre tener atención temprana o no tenerla puede estar, por ejemplo, entre andar o no andar, hablar o no hablar. Por ello, recuerda que las comunidades autónomas deben facilitar recursos y agilizar los procedimientos para que el acceso a estos servicios sea rápido y efectivo.
Extranjeros no acompañados
En relación con los menores extranjeros no acompañados se han recibido numerosas quejas sobre los procedimientos de determinación de la edad incoados, tanto a personas extranjeras indocumentadas como a otras que contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad. La Institución ha pedido que en la Ley integral de protección a la infancia contra la violencia se incorpore un capítulo que regule el procedimiento de determinación de la edad.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha reiterado su preocupación ante la inexactitud de los datos contenidos en el Registro central de menores extranjeros no acompañados. En opinión de Fernández Marugán, “este registro constituye uno de los instrumentos más eficaces para la protección del interés superior de los menores, por lo que resulta imprescindible abordar sin más demora su revisión profunda”.
Las dificultades para la inserción sociolaboral de los menores extranjeros no acompañados, mayores de 16 años, preocupan especialmente al Defensor del Pueblo. La principal herramienta para una efectiva integración es la incorporación al mercado laboral de este colectivo.
Violencia machista
Una vez más, el Defensor ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. Así, en el Informe Anual reclama más implicación de las administraciones para acabar con la violencia machista y recuerda que la Institución está realizando un seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Fernández Marugán ha vuelto a insistir en que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” y para proteger a las niñas y niños, pide que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.
Además, en su opinión, es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración individual y específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.
Para el Defensor, “es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores”.
Por otra parte, Fernández Marugán, considera que para paliar las carencias detectadas en el tratamiento de las víctimas en el ámbito judicial, es esencial que se cumpla íntegramente el Estatuto de la Víctima, que se respete el derecho a su intimidad y que se mejore la coordinación y la comunicación de los juzgados de violencia sobre la mujer con los servicios especializados de atención integral.
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