Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), se valoran algunos aspectos de la primera intervención de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha planteado políticas transformadoras para el sistema sanitario y social en condiciones de equidad, cohesión y excelencia.
“Se podrá avanzar plenamente en esta línea en diálogo con los pacientes, desarrollando una agenda política basada en el Convenio de Colaboración que el Ministerio mantiene con la Plataforma, para el que ya existe una Comisión de Seguimiento, presidida por el secretario general de Sanidad”, ha manifestado el presidente de la POP, Tomás Castillo.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes y sus 26 organizaciones “queremos trabajar con el Ministerio y las Comunidades Autónomas para garantizar los derechos de los pacientes”, ha añadido. La universalidad en beneficio de la salud individual y colectiva, la evaluación conjunta del impacto en salud y bienestar social, la activación del Observatorio de la Salud del SNS, vinculado a género para eliminar desigualdades entre hombres y mujeres, son algunas de las medidas anunciadas y que los pacientes celebran.
“Consideramos imprescindible atender a los cambios demográficos, tal y como ha planteado la ministra, necesitamos atender el envejecimiento de la población desarrollando medidas que integren cronicidad, dependencia y discapacidad, puesto que todas ellas pueden converger en una sola persona, y ahí es donde debemos poner la mirada”, ha subrayado el presidente de la POP. Además, ha destacado la importancia de que en esta planificación “se tenga en cuenta el papel del paciente activo que organizaciones como las que integran la Plataforma de Organizaciones de Pacientes llevamos años promoviendo”.
Atención multidisciplinar
La necesidad de la atención multidisciplinar y coordinada entre los profesionales sanitarios, con un papel relevante de la atención primaria, es algo “que venimos defendiendo conjuntamente con las sociedades científicas que representan a este colectivo, pues su papel es clave en la adherencia de tratamientos, cuidados y hábitos de vida saludable, tal y como señalaba la ministra”. Así como dar respuesta a las necesidades de las personas que padecen enfermedades crónicas complejas como alzheimer, parkinson, enfermedades raras, esclerosis múltiple, cardiopatías, diabetes, salud mental, además de atender a colectivos sensibles como los niños, los adolescentes y sus familias con cáncer, daño cerebral y autismo.
La visión integrada del Ministerio de Sanidad de los servicios sociales, sanitarios, educativos y laborales “es clave para atender el impacto que tiene en los pacientes y sus familias la enfermedad y la discapacidad, y coincide plenamente con el trabajo que desde nuestra organización hemos venido desarrollando”, explica Castillo.
La POP está integrada por 26 organizaciones nacionales que representan, entre otras patologías, a enfermedades oncológicas, enfermedades raras, trasplantados y enfermos de riñón, hígado y corazón, enfermedades inflamatorias inmunomediadas, VIH-Sida, enfermedades neurológicas, cerebrovasculares, cardiovasculares, y agrupan a más de 1.200 asociaciones, que reúnen a más de 564.000 personas asociadas y a unos 10 millones de personas con enfermedades crónicas en España. Por eso, desde la POP se promueven medidas que den respuesta a las necesidades comunes de todas estas personas, que en gran medida son invisibles.
II Plan Nacional de Accesibilidad
Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) saluda el compromiso del Gobierno, anunciado en el Congreso por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, para la realización del II Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2026, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y el incremento del apoyo a las personas cuidadoras de personas en situación de dependencia.
El Plan Nacional de Accesibilidad, que debería haberse realizado en 2014 tal y como establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, es a juicio del presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, “una medida imprescindible para poder conocer el estado de la accesibilidad en España y el grado de cumplimiento de la normativa vigente, con datos estadísticos actualizados que verifiquen o comparen los diferentes niveles de accesibilidad a nivel nacional”.
En este sentido, Queiruga afirma que “tenemos que avanzar hacia una transformación de nuestra sociedad porque es esta la que nos convierte en personas con discapacidad cuando nos obliga a enfrentarnos cada día a barreras de toda índole”.
Por ello, el presidente de COCEMFE espera que “este plan sirva para promover un conocimiento integral de la situación de la accesibilidad de nuestro país y que cuente con medidas efectivas para garantizar los derechos y libertades de las personas con discapacidad, quienes vivimos severas restricciones en nuestra autonomía y participación social”.
Colaboración con el Gobierno
Asimismo, COCEMFE tiende su mano al Gobierno para que cuente con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica para elaborar un plan que “apueste por las personas y se convierta en un referente de la accesibilidad universal y la plena ciudadanía”.
En relación a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, anunciada por la ministra Carmen Montón, COCEMFE hace hincapié en que “se tiene que materializar en una norma que garantice la libertad de movimientos en todos los edificios donde residan personas con discapacidad, acabando con las trabas actuales que impiden la realización de obras de accesibilidad y que obligan a muchas personas a vivir encerradas en su propio domicilio”.
Finalmente, la Confederación felicita al Gobierno por devolver las cotizaciones a la Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia y recuerda la necesidad de promover la asistencia personal para que quienes tienen mayores necesidades de apoyo continuado puedan elaborar su propio proyecto de vida, sin estar obligadas a depender de familiares y sin injerencias de terceras personas. “Es imprescindible disponer de esta figura para garantizar una calidad de vida digna tanto a las personas con discapacidad como a sus familias”, concluye Queiruga.








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