24 propuestas para recuperar y mejorar los servicios públicos de salud

Recuerda que tras la finalización del proceso de transferencias en 2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que “este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CCAA”.

Existen grandes diferencias interautonómicas en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado en los 15 informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA, elaborados por la FADSP desde 2004. En el XV informe (septiembre de 2018) la puntuación entre el máximo y el mínimo iba de 94 a 53, situándose Cataluña, Valencia y Canarias en los últimos puestos (Canarias es la última en los 2 últimos años).

Además, se detecta como la sanidad pública en España ha sufrido un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que aunque proviene desde hace tiempo se ha agudizado en estos últimos tiempos con la excusa de la crisis, y que no se ha recuperado tras la mejora de la economía. A juicio de la Federación, tres han sido las principales medidas en este proceso, la primera el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, la segunda los recortes económicos a que se ha sometido a la sanidad como a otros servicios públicos y luego las privatizaciones.

Estas privatizaciones de los servicios sanitarios públicos han continuado con distinta en intensidad según las CCAA, mas intensas en Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, La Rioja y Castilla y León, pero que han existido en menor medida en todas las autonomías. En el informe sobre La privatización sanitaria en las CCAA, elaborado por la FADSP en 2019, las 5 más privatizadas eran por este orden: Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares y País Vasco. 

Datos para resaltar

La FADSP asegura que el cambio de modelo sanitario ha tenido una repercusión muy negativa sobre la salud del colectivo de inmigrantes no regularizados, produciendo algunas muertes y muchos casos de desatención y empeoramiento de la salud de miembros de este colectivo. Aparte de las consideraciones humanitarias y de la posible vulneración de derechos humanos básicos, no se ha logrado un ahorro significativo y si se han producido serios riesgos para la salud de este colectivo en concreto y de toda la población. El RDL 7/2918 de Sanidad Universal ha cambiado en parte esta situación, pero todavía existen CCAA, especialmente las gobernadas por el PP, que continúan dificultando el acceso de esta población a las prestaciones sanitarias.

Las medidas sobre la prestación farmacéutica han trasladado gasto sanitario público a gasto privado (de los bolsillos de los pacientes) generando desigualdades e incluso personas que no retiran los medicamentos prescritos por falta de dinero (1,4 millones de personas según el Barómetro Sanitario 2018)

Se ha producido un aumento muy importante de las listas de espera, tanto quirúrgicas como en consultas externas, pruebas diagnósticas y en citas en atención primaria.

El gasto farmacéutico no ha parado de incrementarse comiéndose literalmente los aumentos presupuestarios que se han producido tras 2013, y la opinión de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado. La Sanidad ha pasado a ser el 5º problema del país (14,3%) y el 3º que mas afecta personalmente a los ciudadanos (14%), según la última encuesta del CIS (febrero de 2019).

Incluso a nivel internacional existen varios informes que nos alertan de los graves problemas que estas medidas pueden producir sobre el sistema sanitario y la salud (OCDE Health a Glance 2018, FMI 2013, The Lancet 2018).

Propuestas para recuperar la sanidad pública

En este contexto, la FADSP entiende que los programas de las fuerzas políticas que concurren a este proceso electoral deberían de proponer los siguientes objetivos:

1) Derogar el RD Ley 16/2012 garantizando el derecho a la salud de todas las personas, eliminando los copagos.

2) Recuperar las dotaciones de personal e infraestructuras que existía previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento las camas y quirófanos, puntos de atención continuada y consultas cerradas, y garantizando una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública.

3) Hay que paralizar el proceso privatizador de la Sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades publicas en todos sus aspectos. Debe de garantizarse por Ley la provisión pública prioritaria de las prestaciones financiadas con fondos públicos y paralizar maniobras privatizadoras como las unidades de gestión clínica.

4) Deben de recuperarse los centros privatizados estableciendo programas escalonados de reversión.

5) Poner en funcionamiento sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA que permitan realizar evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.

6) Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores. La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio público.

7) Debe asegurarse una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud. Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente un 7% del PIB destinado a la Sanidad Pública y asignar este incremento con criterio finalista.

8) Es imprescindible el desarrollo del Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la financiación a la consecución de estos objetivos.

9) Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud.

10) También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.

11) Deben de establecerse estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando nuestra situación a la de la media del contexto europeo.

12) Hay que reforzar la provisión sanitaria pública, favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.

13) Hay que potenciar la Atención Primaria, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.

14) Es preciso poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos.

15) Hay que articular centros de referencia supracomunitarios (bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración en el ámbito del SNS.

16) Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.

17) Deben desarrollarse mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.

18) Hay que apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional en base a las necesidades reales de los ciudadanos.

19) Asegurar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico (nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).

20) Garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de los mismos.

21) Desarrollar una política de personal que, manteniendo el carácter estatutario de la relación, favorezca la dedicación exclusiva, la formación continuada por el sistema sanitario pública, el desarrollo profesional y la dirección participativa por objetivos.

22) Establecer auditorias sobre los gastos de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y garantizar a transparencia de los gastos sanitarios.

23) Garantizar un medio ambiente saludable controlando la contaminación ambiental y poniendo en marcha planes específicos para su disminución y/o eliminación.

24) Desarrollar la salud laboral, la salud mental, salud pública y sexual y reproductiva que han estado marginadas en los servicios sanitarios públicos.

Desde la FADSP instan a todas las organizaciones que se presentan a las próximas elecciones autonómicas a asumir estas propuestas.