Salvador Illa ha comparecido hoy en rueda de prensa para informar de las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Sanidad encaminadas a reforzar el sistema público de salud para combatir y tratar de contener cuanto antes el COVID-19. El ministro ha explicado la ampliación del equipo humano sanitario en más de 50.000 profesionales que ya están disponibles para su incorporación a los equipos de asistencia de las diferentes administraciones sanitarias.
Se trata de un colectivo integrado por 7.633 médicos residentes R4 y R5 (de último año de formación) de todas las especialidades que verán prorrogado su contrato para continuar desarrollando su labor en los servicios de salud. A ellos se suman casi 11.000 profesionales médicos y de Enfermería que realizaron pruebas selectivas especializadas y que, habiendo superado la puntuación, no recibieron la adjudicación de una plaza.
Además, 14.000 médicos y enfermeros jubilados en los dos últimos años podrán incorporarse en función de las necesidades asistenciales. Las CCAA y servicios de salud tienen en sus bases de datos las personas que se encuentran en esta situación. Por último, están disponibles para prestar tareas de apoyo sanitario un total de 10.200 estudiantes de Enfermería y 7.000 estudiantes de Medicina de último curso.
A estas medidas de fortalecimiento de materiales técnicos y de profesionales, “hemos de sumar el apoyo financiero que el Gobierno va a prestar a las CCAA para hacer frente a los gastos extraordinarios que genera esta situación excepcional”.
Así, de la partida extraordinaria aprobada en el último Consejo de Ministros, “vamos a iniciar en las próximas horas –ha señalado el ministro- la distribución de una primera cantidad de 210 millones de euros que ayuden a los gobiernos autonómicos a contar con una respuesta rápida para las acciones más urgentes”. La asignación a cada territorio se hará en función del número de afectados y de la población.
También se han agilizado las gestiones para que, en los próximos días, comiencen a llegar los primeros contingentes de test rápidos y ampliar el número de controles a la población más vulnerable y a colectivos de personas que se encuentran en su domicilio con sintomatología leve.
Además, se están llevando a cabo tres ensayos clínicos para luchar contra el COVID 19: dos de ellos para enfermos graves y un tercero para pacientes en nivel precoz y como profilaxis. “Se trata aun de primeros pasos, pero tenemos esperanza en que puedan dar buenos resultados”, ha subrayado Salvador Illa.
Compra centralizada
Respecto al material Illa ha aclarado que “el Gobierno no ha realizado ninguna incautación de mascarillas ni otro material técnico sino que ha ido recibiendo información de las existencias, realizando adquisición mediante compras o donaciones y redistribuyendo entre los diferentes territorios”. Hasta ahora se han recogido, procedentes de compras y donaciones, más de millón y medio de mascarillas quirúrgicas, “cantidad que se verá incrementado de manera notable en los próximos días”, ha puntualizado.
La compra centralizada está diseñada para cumplir tres objetivos: reforzar los procesos de compra de las CCAA, la distribución para cubrir necesidades acuciantes de la población y los profesionales y organizar la capacidad de producción a nivel nacional e internacional.
Los profesionales, el valor esencial
El ministro ha destacado que la “buena imagen de nuestro sistema sanitario, considerado como uno de los mejores del mundo, tiene una fama más que justificada”. Y ha añadido que los profesionales “que desempeñan cada día sin escatimar horas ni esfuerzos, constituyen el valor más esencial del sistema de salud. Por ello, se han ganado nuestra confianza y nuestra gratitud, tal y como todo el país les transmite cada tarde desde los balcones”.
El ministro de Sanidad ha concluido su intervención destacando que “desde el Gobierno, estamos actuando con determinación en la misión de que la atención sanitaria llegue a todos los ciudadanos por igual vivan donde vivan”.
Contrato para los MIR
Ante estas medidas, hay una posición unánime de la profesión médica para que los MIR de último año sean contratado como especialistas, y no que se produzca una prórroga de su contrato como ha decidido el Minsiterio de Sanidad.
Así se han manifestado, entre otro, SEMERGEN y SEMG, que han emitido un comunicado en el que aseguran que prolongar la formación de los médicos residentes de último año no es lo más justo, sino que deben de buscarse otras alternativas que reconozcan su labor profesional y la formación realizada durante los cuatro años de residencia. “Consideramos que deben ser contratados como médicos especialistas a partir de la fecha de finalización de su contrato de formación el día 26/05/2020, con condiciones de médico adjunto y que, de no hacerlo así, sería una falta de equidad injustificable en estos momentos”.
Respecto a la contratación de graduados que no han realizado la especialidad, jubilados, profesionales pendientes de tramitación de la homologación del título, estudiantes y cualquier otro colectivo, entendiendo que puede ser necesaria toda la ayuda posible ante la situación de alarma que vivimos, “no podemos permitir que aquellos que no han accedido al título de especialista vayan a ser contratados en condiciones de mayor ventaja y reconocimiento profesional que los que están con un contrato de formación. La formación adquirida y el compromiso con nuestro sistema sanitario deben ser tenidos en cuenta en la contratación realizada”.
De igual forma, consideran, si es necesario realizar una redistribución de médicos en todo el territorio nacional, ésta se realice de forma voluntaria.
A tiempo de rectificar
Del mismo modo, CESM Granada asegura que “el Ministerio está a tiempo de rectificar y reconocer a estos profesionales el esfuerzo que se les va a pedir, en estos momentos de alerta sanitaria. Merecen contratos de médicos especialistas y no una prórroga de sus contratos de formación, ya que están bien formados para atender a nuestros ciudadanos que ahora lo necesitan más que nunca”.
“Es totalmente injusto y discriminatorio que a los MIR, que serán especialistas, se les prorrogue su contrato de residente, con sueldo equivalente a un empleado de Mercadona. Recordemos que la media por una jornada ordinaria completa es de unos
1.200 euros brutos al mes para los MIR de primer año y 1.500 para los MIR de cuarto año”, añade.
Igualmente, en un comunicado de prensa conjunto de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Neumología Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), en relación a la propuesta de Sanidad de prolongar la formación de los médicos residentes en último año de formación ante la situación de crisis sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), se considera que “deben buscarse fórmulas alternativas para que los residentes de último año, que en los últimos meses tienen un nivel de autonomía equiparable al de los médicos especialistas, no vean menoscabados sus derechos”
Algunas posibles soluciones pasarían por realizar un contrato específico como médicos adjuntos u ofrecer un complemento retributivo específico que evite las situaciones de agravio comparativo anteriormente mencionadas.
El malestar crece por la falta de equipos de protección
Los profesionales también están manifestando por diferentes medios su profundo malestar por la escasez de equipos de protección así como la falta de test diagnósticos y material para tomar las muestras biológicas para realizarlos. Según ha indicado el Sindicato Médico Andaluz (SMA), “la escasez de equipos de protección es generalizada en todo el territorio nacional pero la respuesta de algunos cargos intermedios a esta situación no es ni mucho menos la más adecuada”.
Ha añadido que “podemos entender que existan limitaciones de suministro que escapen del control de los responsables de la sanidad andaluza, pero no se puede exigir instar a los profesionales que reutilicen material desechable o ignoren los protocolos de seguridad”. “Hay que tener en cuenta”, han subrayado, que “esta situación es aún más insólita si tenemos en cuenta que la mayoría de los empleados que atienden en los establecimientos que permanecen abiertos llevan puesta una mascarilla FFP2”.
“Los protocolos deben ser respetados”, han dicho, “y en la situación de presión y sobrecarga que vivimos no podemos aceptar que en determinados centros se intente compensar la escasez con coacciones”. Por otra parte, “existen dudas razonables acerca del papel del contagio por pacientes asintomáticos, en especial cuando se realizan determinadas técnicas invasivas. Nuestro deber es exigir que ante la duda se proporcione al profesional el nivel de protección más alto posible”.
“Nuestros gobernantes pueden contar con nosotros pero estas incidencias son relevantes para la protección de nuestros facultativos ante el virus y, por ende, para la salud de la población y deben de ser afrontadas”, han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.
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