Advierten del “preocupante” incremento de las agresiones a sanitarios y de la “permisividad” con los agresores

Según han afirmado desde el SMA, la Administración sanitaria no puede conformarse con hacer un Plan contra las agresiones porque “estos planes, con demasiada frecuencia, tienen poco impacto real en el control de las agresiones y, a veces, solo sirven como justificación social ante la ciudadanía”.

Los médicos andaluces han explicado que de entre los agresores “aún son pocos los que son llevados a comparecer ante la justicia, la Administración no suele actuar de oficio, y no se exige la restitución de los bienes dañados ni el pago de los gastos ocasionados por la agresión a los profesionales”.

“La socorridísima lentitud de la maquinaria pública o los derechos de los que no respetan ningún derecho, hacen que los agresores salgan beneficiados, que les salga barato agredir”, han afirmado desde el SMA que añade que “los violentos son muy pocos, poquísimos, en comparación con los millones de ciudadanos a los que atienden cada año y, por este motivo, no podemos permitir que un grupo tan pequeño haga tanto daño a la sociedad”.

Desde el SMA han detallado que el cambio en el código penal introducido por la Ley Orgánica 1/2015 por el que las agresiones a los facultativos del Sistema Sanitario Público pasaban a ser consideradas delitos de atentado, “ha provocado en muchos casos el efecto contrario al que se buscaba”.

En ocasiones, las denuncias presentadas por los agredidos son tramitadas por la Fiscalía como delitos leves, antiguas faltas, si no existe absoluta certeza de que las agresiones fueron cometidas con “intimidación grave o violencia” como recoge el nuevo Código Penal, ya que las penas por atentado son castigadas con penas de prisión de uno a cuatro años.

“Muchas agresiones verbales, o físicas cuando no están bien documentadas, son tramitadas como faltas de consideración y respeto a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, tal como recoge el artículo 556 del Código Penal”, han incidido desde el SMA. En estos casos tienen la consideración de delitos leves y son castigados con penas de multa de uno a tres meses.

“Lo que se legisló para castigar más duramente a los agresores está teniendo, a veces, un resultado negativo de forma que las elevadas penas hacen más difícil conseguir que sean tramitadas estas agresiones como delitos de atentado y no como delitos leves”, afirman, añadiendo que “los profesionales, sin duda, tenemos el papel más difícil; no podemos ser cómplices con nuestro silencio”, han dicho. “Debemos denunciar todas las agresiones aunque cueste, aunque tengamos miedo y sintamos la presión impresentable de los agresores y sus familiares”.

Ante ello, el Sindicato Médico de Andalucía ha afirmado que, aunque los sanitarios sienten cada vez “más hartura, cansancio y miedo”, el objetivo con sus reivindicaciones no es otro que borrar del calendario el 12 de marzo como día contra las agresiones al personal sanitario.