El próximo lunes, el 70% de los españoles estarán en fase 3 y afrontarán con menores restricciones la última semana hacia el fin del estado de alarma, establecido para el 21 de junio, tras el cual la movilidad estará permitida en toda España.
Sin embargo, para entonces habrá zonas que no habrán culminado el proceso de desescalada, en concreto los territorios que seguirán una semana más en fase 2, como son Madrid, las provincias más cercanas a esta comunidad de Castilla y León (Ávila, Salamanca, Segovia y Soria) y tres zonas de salud de la ciudad de Barcelona y una de Lleida, como puede apreciarse en el mapa del Ministerio de Sanidad.
Así, a partir del día 21 no habrá restricciones a la movilidad geográfica en España, y las autonomías asumirán las medidas que crean convenientes en torno a la salud pública para hacer frente a la pandemia, y asumirán igualmente los protocolos que consideren necesarios en el ámbito educativo y en otros en los que tienen plenas competencias.
Según los números ofrecidos por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para explicar la nueva situación en España desde el próximo lunes, tras el avance de 10 millones de ciudadanos que pasarán a la fase 3, “estarán en esta fase 34 millones de ciudadanos, con Galicia en nueva normalidad, y 12 millones en fase 2, uno de cada cuatro”.
Más en concreto, como ha relatado Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias, “en Castilla y León pasan a la fase 3 Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid. Las otras cuatro provincias se quedan en la fase 2. La unidad territorial de las dos Castillas sigue siendo la provincia, y la movilidad entre ellas no se modifica. Cataluña ha solicitado cambio de fase para Cataluña Central y Girona; quedan en fase 2 la zona de salud de Lleida y las tres de Barcelona. También ha solicitado el paso a la 3 la Comunidad Valenciana; están en condiciones de pasar, con movilidad en toda la comunidad. Extremadura permitirá el movimiento entre ambas provincias. Pasa a la fase 3 la ciudad autónoma de Ceuta”.
Reuniones bilaterales
Entre el miércoles y el jueves, el ministro y su equipo han mantenido seis reuniones bilaterales y contacto telefónico con otras 13 comunidades autónomas para determinar la progresión de los distintos territorios.
El ministro ha recordado que el confinamiento que ha vivido España ha sido “uno de los más duros de la Unión Europea, lo que ha permitido una de las desescaladas más rápidas y seguras”. No obstante, ha hecho un llamamiento a la prudencia en este tramo final del proceso de desescalada, para no dar pasos atrás en la lucha contra la COVID-19.
Las medidas establecidas para la fase 2 están detalladas en la orden del pasado 16 de mayo, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE); así como las medidas de la fase 3, que publicó el BOE en una orden el pasado 30 de mayo.
Planes de futuro y casos importados
Sobre los planes de futuro, el ministro ha indicado la necesidad de “reforzar los programas de salud pública” así como el Centro Europeo de Control de Enfermedades. En el caso concreto de la actividad comercial, Illa ha explicado que se arbitrarán medidas para asegurar la trazabilidad de los contactos con el objetivo de poder asegurar que “cuando haya una persona positiva de COVID-19, se puedan tener todos sus contactos” y realizar así el seguimiento y cuarentena necesarias.
La apertura de fronteras y los casos importados son otros foco prioritario, ya que se han detectado ya al menos 104 positivos de personas extranjeras que han llegado a España desde el 11 de mayo, sobre todo de América Latina y Estados Unidos y principalmente por motivos laborales, pero también “ha habido casos minoritarios de inmigrantes irregulares que han venido en patera”.
Cuando se abran las fronteras, inicialmente a partir del 1 de julio, “el riesgo más importante para España provendrá de fuera. Somos un país que vivimos del turismo, igual en el futuro vivimos de la ciencia, pero ahora debemos prepararnos para esa situación”, ha añadido el doctor Simón.
Programa piloto de turismo
Mientras se espera la llegada masiva de turistas, el Boletín Oficial del Estado publica hoy una Orden ministerial que regula la autorización del programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en las Islas Baleares a partir del próximo lunes 15 de junio. Dicho programa permitirá la entrada de turistas a esta comunidad autónoma procedentes de Estados miembros o Estados asociados Schengen a través de rutas áreas específicas.
Para ello, es necesario que las Islas Baleares se encuentren en fase III del Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad y que tengan una tasa de personas infectadas por COVID-19 por 100.000 habitantes inferior a nueve casos durante siete días consecutivos. Además, el turista que viaje deberá residir en el mismo Estado en el que esté ubicado el aeropuerto de origen, que deberá tener la misma tasa de personas infectadas por 100.000 habitantes que el lugar de destino y por el mismo período de tiempo.
Los turistas no tendrán la obligación de guardar el período de cuarentena pero deberán estar en disposición de aportar prueba del billete de ida y vuelta así como del alojamiento por todo el período de estancia, que no podrá ser inferior a cinco noches.
Por su parte los aeropuertos de origen y destino, así como las compañías aéreas que vayan a hacer los vuelos, deberán formar parte del Programa Voluntario de Monitorización de la Implementación del Protocolo Operativo de EASA para la COVID-19 o tener implantadas las recomendaciones de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), a partir del 15 de junio o del momento en el que vayan a efectuar los vuelos. Además, dichas compañías deberán informar del número máximo de plazas diarias que pretenden comercializar.
Las compañías aéreas tienen que facilitar también el formulario de salud pública para localizar a los pasajeros. Y, una vez en el aeropuerto de llegada el personal de Sanidad Exterior será el encargado de llevar a cabo los controles sanitarios necesarios, lo que incluirá el control documental. Por su parte el seguimiento activo de los turistas corresponderá a la comunidad autónoma y se llevará a cabo mediante monitoreo telemático de su sintomatología. De esta manera, se podrá identificar y aislar a los posibles casos de COVID-19.
El objetivo de este programa piloto es comprobar el funcionamiento del modelo de levantamiento de los controles temporales de las fronteras interiores y la recuperación de la libertad de circulación. Para ello, se constituirá un Comité de Seguimiento que se reunirá cada dos días y cuyas decisiones se adoptarán por consenso.
Dicho Comité estará compuesto por representantes del Ministerio de Sanidad, de la Secretaría de Estado de Turismo, de AENA, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de los órganos competentes en materia de Sanidad y Turismo de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Compra anticipada de vacunas
Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha participado hoy en la reunión informal de ministros de la Unión Europea, donde ha mostrado su apoyo al Acuerdo de Compra Anticipada de vacunas contra el Covid-19 de la Unión Europea. “Reconocemos la necesidad de tener una o más vacunas lo antes posible, es urgente minimizar el impacto de la segunda ola probable y recuperar la normalidad”, ha justificado.
El ministro ha reconocido la necesidad de invertir en la capacidad de producción de vacunas, mientras la investigación aún está en curso y ha reivindicado “garantizar la transparencia de todo el proceso de adquisición y compra”.
En el encuentro, que se ha realizado de forma telemática, Salvador Illa ha mostrado la necesidad de crear “un marco regulatorio claro” para la adquisición y la adjudicación de contratos, así como para el contenido del contrato final que deberán firmar los estados miembros. Por ello, se ha mostrado partidario de que la Comisión Europea garantice que el proceso se lleve a cabo conforme a las normas aplicables de contratación pública comunitarias y de los estados miembros.
Por otra parte, Illa ha defendido la necesidad de garantizar una distribución justa de las vacunas. “Los criterios para una distribución equitativa deben incluir la situación epidemiológica de cada país”, ha insistido.
También ha reivindicado que el Acuerdo incluya cláusulas de salvaguarda para aquellos casos en que la vacuna no se pueda usar, porque reciba una evaluación negativa de la Agencia Europea del medicamento o bien porque surjan vacunas más efectivas fuera del propio acuerdo. Finalmente, Salvador Illa ha defendido el trabajo conjunto en el marco europeo como “la única forma de acelerar el desarrollo y garantizar la disponibilidad de la vacuna”.
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