Profesionales Por S. A. D. Jueves, 23 Abril 2020 20:47
crisis sanitaria

El Consejo de Enfermería se querella contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad y su equipo por un delito contra la seguridad de los trabajadores

La enfermería internacional, alarmada ante el elevado número de profesionales sanitarios contagiados por el coronavirus en España

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Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería. Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.

El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos: “Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, afirma rotundamente Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.

Un delito contra la seguridad de los trabajadores

En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.

A esta querella del Consejo General se podrán adherir en fechas próximas los Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería que así lo estimen oportuno.

El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con COVID-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.

Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia. A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al COVID-19. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmentepor la vía penal.

Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente,que contiene más de 50 folios,y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente.

Rueda de prensa del Consejo Internacional de Enfermeras

Este asunto ha sido ampliamente abordado esta tarde en la rueda de prensa virtual protagonizada por el director general del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Howard Catton, desde Ginebra (Suiza), y del vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, que ha intervenido desde Madrid. El CIE representa a 130 asociaciones nacionales de enfermería y las más de 28 millones de enfermeras que hay en el mundo. 

Enfermeria howardcattonHoward Catton ha expuesto la falta de enfermeras en nuestro país con respecto al entorno europeo y cómo esa circunstancia supone un riesgo importante para los pacientes de COVID-19 y los propios profesionales sanitaros, atendiendo a un número excesivo de enfermeros en las UCIs, por ejemplo. Tambié ha confirmado que se ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prórroga del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona para 2021 que iba a servir para reivindicar que es necesario invertir en su desarrollo, que son más necesarias de lo que se piensa. La llegada de un virus que nadie deseaba ha demostrado, de forma fehaciente, la importancia de la profesión en todo el mundo.

Cobos ha recordado la encuesta de la Enfermería, cuyos resultados recientemente pubicados, revelan que el 80 % de las enfermeras ha tenido muy poca formación sobre el uso de los EPIs,  el 72% ha tenido muy poco o no ha tenido material de protección y en un 84% ha tenido que reutilizarlo, especialmente mascarillas, guantes y batas. Circunstancias, entre otras, que ha llevado a presentar la querella.

"Ya está en manos de la justicia y son ellos los que tendrán que tomarla en consideración. Desde luego es un paso muy importante porque es una denuncia contra el presidente, el ministro y su equipo. Estamos hablando del Tribunal Supremo, que será al que llegue en primera instancia. No es nada personal ni político, sino que es una denuncia contra los responsables de tomar decisiones que han llevado a la desprotección de los profesionales", ha explicado Cobos en la rueda de prensa.

 

 

 



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