El Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) ha dado respuesta a la solicitud de amparo presentada por un numeroso grupo de médicos catalanes en relación a los pronunciamientos emitidos por parte de algunos Colegios provinciales de Médicos de Cataluña y por el propio Consejo Catalán de Colegios de Médicos, criticando la aplicación por parte del Gobierno central del artículo 155 de la Constitución.
Así, y ante la situación política que se vive en esa Comunidad Autónoma, el CGCOM informa que la Comisión Permanente ha pedido un informe a los colegios afectados de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, así como al Consejo Catalán de Colegios de Médicos. Además, ha solicitado la valoración por parte de la Asesoría Jurídica y ha dado traslado a la Comisión Central de Deontología.
La Comisión Permanente del CGCOM entiende que, tal como señala el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sentencia núm. 959/2016), no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión. “Hacerlo supone una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación, libertades todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española.Las corporaciones profesionales no pueden ser órganos de representación ideológica y política de los colegiados”, asegura el Consejo.
Esta división entre los médicos catalanes comenzó el pasado día 25 cuando tanto el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CMC) como el sindicato Médico de Cataluña (MC) mostraron su rechazo público al 155 y también su apoyo al Govern y al Parlament, ahora legalmente disueltos. Para las dos instituciones, la aplicación del artículo 155 de la Constitución es una “muestra del desprecio a nuestras instituciones y pone en riesgo la convivencia democrática y pacífica en Cataluña”. Ante estas afirmaciones, un sector de los facultativos colegiados ha escrito un manifiesto en contra del posicionamiento oficial y ya ha reunido más de 1.300 firmas.
Aseguran que los colegios profesionales no pueden pronunciarse en una situación política, y el sindicatos¡ está para defender los derechos laborales de sus afiliados, que pueden tener opciones políticas distintas, por lo que exigen una rectificación inmediata que de momento no se ha producido.
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