El Colegio de Podólogos de Andalucía, tras presentar una querella, ha obtenido una sentencia condenatoria en el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga para dos mujeres por ejercer esta profesión en Fuengirola pese a carecer de la titulación exigida, grado o diplomatura en Podología.
La institución colegial interpuso la querella por delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 403 del Código Penal y como consecuencia de ella, la setencia firme condena a cada una de las intrusas a 6 meses de prisión, a abonar 2.800 euros de indemnización al Colegio de Podólogos y las costas del proceso, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.
Tras la sentencia y al carecer de antecedentes judiciales hasta ahora, el Juzgado ha sustituido la pena de prisión por el pago a cada una de las condenadas de una multa de 6 euros diarios durante doce meses. Así, las condenas de ambas intrusas superan los 7.000 euros más las costas del proceso.
La sentencia recoge que el Juzgado ha declarado probado el ejercicio de las falsas podólogas, regente y empleada de un salón de belleza, respectivamente, donde compartían sus servicios de estética, tituladas, como manicura y pedicura, con otros de Podología como tratamientos de uña encarnada, tal como anunciaban en su perfil de Facebook, haciéndose pasar por podólogas “sin estar autorizadas legal ni administrativamente para ello con el consiguiente riesgo de mala praxis y perjuicio de terceros”.
Más de 40 procesos judiciales abiertos en Andalucía
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos muestra su satisfacción por la sentencia, la segunda en un solo mes en Andalucía tras la condena a una falsa podóloga que ejercía en el municipio sevillano de Los Palacios. Estos éxitos se suman a otros dos obtenidos este año en Bilbao y León y a los dos del año pasado en la provincia de Almería donde el Colegio andaluz obtuvo una sentencia con pena de prisión para el falso podólogo y otra de multa e indemnización. En Andalucía hay abiertos actualmente 44 procesos en los juzgados.
La lucha contra el intrusismo y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión es una de las prioridades de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Podólogos. Persigue esta práctica ilegal de la profesión sanitaria, que no solo perjudica a los profesionales titulados y colegiados sino también y sobre todo a la salud de la ciudadanía al poner en riesgo la salud de los pacientes, que en casos especialmente serios como el pie diabético puede derivar en graves complicaciones cuando son tratados por individuos sin titular, que por tanto, ni tienen ni dominan las funciones de un podólogo.
El 80% de denuncias en Podología
El Consejo de Colegios de Podólogos pide a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad del Estado que incrementen los esfuerzos en la investigación y persecución de estos casos, dada la gravedad de las posibles consecuencias y la dificultad para la obtención de pruebas que tiene una institución colegial.
En este sentido, el jefe de la asesoría jurídica del Colegio de Podólogos de Andalucía, Antonio Sánchez, afirma que “el 80% de las denuncias del sector se refiere a prácticas de intrusismo, de las que la mayor parte no son investigadas si el Colegio no aporta las pruebas, lo que es sumamente difícil para una corporación profesional dadas las circunstancias en que se comete este delito”.
Ante una sospecha de intrusismo, los Colegios de Podólogos inician las comprobaciones sobre la colegiación del individuo y sobre si la consulta está inscrita en el registro de centros sanitarios de la Consejería de Salud correspondiente. El siguiente paso se centra en la consecución de pruebas fehacientes por medios propios. Los podólogos son los únicos profesionales sanitarios especializados en el pie. Tienen la capacidad de recibir directamente al paciente, prevenir, diagnosticar y tratar los problemas del pie.
La Podología es una profesión regulada por la Ley de Ordenación Sanitaria 44/2003 para cuyo ejercicio es obligatoria la titulación universitaria de grado y ser miembro del Colegio Profesional de Podólogos de la comunidad autónoma correspondiente.
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