El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León denuncia filtraciones de información sobre la oposición de Enfermería de esta Comunidad Autónoma y exige al gerente de Salud de las Áreas de León y el Bierzo, Francisco Pérez Abruña, que garantice la limpieza y transparencia de este proceso selectivo.
Según ha podido constatar SATSE, hoy se ha filtrado la posible fecha de examen del proceso selectivo de Enfermería de Castilla y León de 2016, cuando este dato sólo lo conoce el Tribunal de la oposición, presidido por el gerente de Salud de las Áreas de León y el Bierzo, Francisco Pérez Abruña, una circunstancia muy grave porque supone una vulneración de la limpieza de un proceso convocado por una Administración pública y porque el Tribunal es el garante de la misma.
SATSE ha pedido explicaciones a Sacyl sobre todas estas circunstancias que empañan la limpieza del proceso selectivo, ya que forma parte del Tribunal como organización sindical, y como tal, su obligación y responsabilidad es denunciar cualquier irregularidad. SATSE ha sido nombrado para garantizar la legalidad y transparencia de todo el proceso.
Además, esta circunstancia se suma al hecho de que anteriormente se filtrara la fecha de publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos en estas oposiciones y algunas academias tuvieron conocimiento de ello antes de que fueran publicados oficialmente, otro hecho criticado por SATSE Castilla y León.
Por este motivo, SATSE exige a Francisco Pérez Abruña, como máximo responsable del proceso al ser el presidente del Tribunal de las oposiciones, que garantice la limpieza del mismo y la máxima transparencia porque lo contrario supone sembrar incertidumbre entre los profesionales enfermeros que concurren a este proceso y la sombra de sospechas de irregularidades que en nada benefician ni a los opositores ni al proceso selectivo.
SATSE Castilla y León asegura que “no va a tolerar que se siga jugando con el interés y la preocupación de los opositores de Enfermería después de las circunstancias que han tenido que vivir con otros procesos, como el convocado en 2015 y suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”. La Administración sanitaria, convocante del proceso, debe velar, a su juicio, “porque no se produzcan irregularidades en el mismo o que haya sectores o partes que dispongan de información privilegiada y la difundan antes de que esa información se haga pública oficialmente”.
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