Castilla y León ha superado en más de un 9% el objetivo de la legislatura fijado por el presidente Herrera en 5.000 trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo -CEE-, al alcanzar la cifra de 5.460 trabajadores en 2017. Asimismo, por primera vez hay 215 Centros Especiales de Empleo, cifra muy superior a los 47 que empleaban a 770 trabajadores con discapacidad en el momento del traspaso de competencias en 1995.
Así pues, en la actualidad el número de CEE se ha multiplicado por cinco y el número de trabajadores con discapacidad en los mismos se ha multiplicado por siete.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido el Pleno del Consejo de Economía Social, celebrado en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, en el que se ha realizado un análisis detallado con los representantes del sector de la economía social de la Comunidad de las medidas puestas en marcha durante 2017 y las previstas para el presente ejercicio.
Además se ha informado a los miembros del Consejo sobre los detalles de la última fase de tramitación parlamentaria de la Ley de Cooperativas. El consejo ha realizado un análisis de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que se ha publicado recientemente, y se ha informado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que modifica las condiciones de contratación por parte de las administraciones públicas con las entidades de interés social para la prestación de servicios y adquisición de bienes.
Durante la reunión se ha informado de que en 2017 se ha adelantado el cumplimento del compromiso adquirido, también para el final de legislatura, de alcanzar la financiación de 75% del SMI. Además hay que recordar que la Junta de Castilla y León ha asumido en este esfuerzo presupuestario el incremento del 8% del SMI establecido por el Estado el año pasado.
Más recursos en 2018 para la Economía Social
Por otra parte, la inversión de la Consejería de Empleo en 2018 se incrementa un 4,2%, hasta los 25.013.001 euros para seguir impulsando la integración de personas con discapacidad, tanto en CEE como en empresa ordinaria y empresas de inserción; así como el crecimiento de las cooperativas y las sociedades laborales. La Consejería ha anticipado la convocatoria de la mayor parte de las líneas de ayuda para 2018 en el pasado mes de diciembre, con el objetivo de facilitar e incrementar los plazos para la presentación de solicitudes.
El consejero de Empleo ha informado también a los miembros del consejo de la aprobación, el pasado mes por el gobierno de España, de la primera Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, cuyo objetivo es consolidar y promocionar el modelo empresarial de la economía social para que este sector lidere la innovación frente a los cambios emergentes.
Se da un nuevo impulso a un sector que, según las asociaciones más representativas, representa un 12,5% del empleo y un 10% del PIB, y que ha demostrado ser pionero en la recuperación y el crecimiento económico sostenible basándose en los principios de igualdad, solidaridad, compromiso con el desarrollo local y respeto al medioambiente.
La Estrategia pondrá en marcha un total de 65 medidas enmarcadas en dos grandes ejes: el primero se centrará en la creación de un empleo inclusivo, de calidad y estable, y en facilitar la creación de cooperativas y sociedades laborales. El segundo eje se centrará en incrementar una mayor visibilidad a las entidades de la Economía Social a través de la creación de un catálogo nacional de estas entidades y un sello distintivo; asimismo apoya la internacionalización y su innovación.
Existen en Europa dos millones de empresas de Economía Social, que aportan el 8 % del PIB de la Unión Europea y emplean a más de 14,5 millones de trabajadores, cerca del 6,5 % del total de empleados en la UE.
Nueva Ley de Contratos del Sector Público
Por último, se ha informado durante la reunión de trabajo sobre la incidencia de la nueva ley de Contratos del Sector Público en las empresas de la Economía Social. La Ley tiene una doble función: la trasposición de las directivas europeas en materia de contratación pública y sobre la adjudicación de contratos de concesión; y la regulación de un nuevo modelo de contratación pública responsable en la que se establece la obligatoriedad de incorporar criterios sociales, medioambientales y de innovación en todas las fases de los contratos.
De la misma manera, se establece la reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación a Centros de Economía Social y a empresas de inserción, además de la evaluación de criterios sociales, medioambientales y de innovación, entre otros aspectos. En definitiva, se crea un sistema de contratación pública más avanzado, más social, medioambiental e innovador y más cercano a la responsabilidad social.
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