El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido la decisión tomada por la Comisión Europea de abrir procedimiento de infracción contra España porque el teléfono de emergencias 112 no es accesible para personas con discapacidad sensorial.
Para la organización, el expediente “puede hacer que por fin decaiga la resistencia, oposición y desidia por parte de Protección Civil en esta materia, que depende del Ministerio del Interior, que considera la accesibilidad del 112 una cuestión menor y que ha dicho en múltiples ocasiones que es competencia de las comunidades autónomas”.
A pesar “de la antigüedad y el recorrido histórico de este número de emergencia en España y en Europa”, continúan los representantes del CERMI, “tiene un problema estructural de accesibilidad que no se ha resuelto, pese a las demandas, denuncias y la insistencia sobre este tema por parte del movimiento asociativo de la discapacidad”.
En España, el 112 es gestionado por las comunidades autónomas, por lo que existe “una disparidad de criterios, de procedimientos y de protocolos de respuesta respecto a las personas sordas o sordociegas”. En este sentido, la entidad lamenta que no esté garantizada la universalidad cuando una persona con discapacidasd sensorial a tiene que utilizar este número, porque cada comunidad tiene su protocolo, y esta diferencia de respuestas se hace irresoluble.
Así, como se advierte desde esta plataforma representativa de la discapacidad en España, cuando una persona sorda o sordociega sale de su comunidad por trabajo o por ocio, no sabe qué respuesta se encontrará en su punto de destino, porque cada autonomía tiene un protocolo diferente.
Para el CERMI, la solución es posible, “porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, por lo que solo hace falta voluntad política; se trataría de implantar un mecanismo centralizado o una transferencia automática entre territorios para que la persona no necesite conocer los protocolos de cada comunidad autónoma”.
En esta línea, la entidad expresa su deseo de que el procedimiento de incoación contra España, que se ha hecho eco de las quejas del movimiento asociativo de la discapacidad, “sea un elemento de presión que sirva para que el 112 sea, por fin, accesible”.
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