El programa de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación de Salamanca atendió en el año 2015 a un total de 120 personas. Desde su puesta en marcha en el año 2010, se prestó este servicio a 300 usuarios. El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado de los diputados delegados del Área de Bienestar Social y Centros Asistenciales, Eva Picado y José María Hernández, ha destacado que esta iniciativa nació con el objetivo de atender a las personas que residen en los municipios de la provincia.
Su finalidad es la de reforzar su autonomía personal, para que puedan desarrollar las actividades básicas de la vida diaria el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones, en cuanto a calidad de vida se refiere. Esta iniciativa, financiada por la Gerencia de Servicios Sociales, cuenta con dos Equipos de Promoción de la Autonomía Personal (EPAP) integrados, cada uno de ellos, por una Psicóloga, una Terapeuta Ocupacional y una Trabajadora Social. Ambos equipos atienden, en su domicilio y entorno, a los usuarios del Programa y a sus cuidadores, mediante actuaciones rehabilitadoras. Por ese motivo, se desplazan a cualquier municipio de la provincia. El presupuesto total asciende a más de 208.000 euros.
Sus actuaciones van encaminadas al entrenamiento en habilidades de autocuidado, de solución de problemas y resolución de conflictos, intervención en situaciones de crisis, asesoramiento y acompañamiento para el acceso a recursos de otros sistemas (de protección social o sanitario), orientación sobre accesibilidad y ayudas técnicas, así como atención y apoyo a sus cuidadores.
En cuanto al perfil de los usuarios, el presidente destacó que el 73% de ellos presentan algún problema de salud mental y que el 33%, vive solo. El número de hombres y mujeres es similar, aunque el de mujeres es ligeramente superior con un 52%. El acceso al programa se realiza a través de los CEAS de Diputación y del Equipo Mixto Provincial de Salud Mental, que son quienes derivan cada caso.
Los criterios de selección se fijan teniendo en cuenta prioridades como la gravedad de las carencias de atención a las necesidades básicas de subsistencia; la atención a situaciones de desamparo y desprotección; situaciones de crisis; o por el grado de dependencia.
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