El Supremo rechaza el recurso que anula el decreto regulador de la residencias de mayores en Castilla y León

Así lo ha confirmado este lunes el Sindicato de Enfermería (SATSE) en la Comunidad, que aplaude esta decisión judicial en la que el Supremo “no ve motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a la Administración autonómica, lo que también es gravoso para las arcas públicas, sustentadas por todos los ciudadanos”.

Además, recuerda la organización sindical dicho decreto se dictó “tras ser anulado otro de 2016, también por una sentencia judicial” en la que se consideró que para aprobar la norma no se realizó “el estudio económico exigido legalmente”.

Para SATSE, “es incoherente que la Consejería de Familia esté tramitando un nuevo decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo las mismas condiciones, que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes”. Como señala en una nota de prensa, uno de los motivos que llevó al sindicato a recurrir este decreto es que en él “se alude a un número mínimo de profesionales determinado en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior de 2001”.

De este modo, la organización impugnó la norma de 2017 “porque suponía un cambio de modelo asistencial, ya que despojaba a estos centros del carácter sanitario y, a la vez, regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar”. De este modo, continúa SATSE, “dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas…, recurriendo a los profesionales de Sacyl y sobrecargando el sistema de salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes”.

Según el sindicato, este nuevo modelo establece “que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios”, y deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, “lo que repercutirá negativamente en la Enfermería de Atención Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud el de estas residencias”. 

De hecho, añade, en verano “se producen problemas en la asistencia en las residencias públicas y privadas, porque no hay suficientes sustituciones de Enfermería y. además, la Gerencia de Servicios Sociales tampoco encuentra profesionales para cubrir esas sustituciones por las malas condiciones laborales y profesionales que ofrece”.

Para los representantes de SATSE Castilla y León, la intención de la Consejería de Familia es que estos centros residenciales “dispongan hasta 2022 de una enfermera por cada 100 residentes, y solo de lunes a viernes, y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios de lunes a viernes (con un incremento de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro”. Antes del decreto de 2017, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una profesional a jornada completa por cada 15 usuarios.