Las entidades sociales CEMUDIS, COCEMFE, CIMUDIS y FENAMUDIP reclaman recursos y servicios específicos para favorecer el acompañamiento y la defensa de derechos para niñas y mujeres con discapacidad en el proceso de desescalada, toda vez, aseguran, que debido a la pandemia provocada por la COVID-19 se están profundizando las desigualdades sociales y económicas preexistentes, impactando especialmente en los colectivos más vulnerables.
“Las mujeres y niñas con discapacidad viven cada día situaciones de discriminación de carácter interseccional que las oprimen y relegan a espacios de invisibilidad social y extrema vulnerabilidad”, añaden en un comunicado, para constatar que durante la pandemia del COVID-19 estas situaciones se han visto agravadas ante las dificultades que se han encontrado para acceder a los recursos de protección sanitaria, jurídica y económica necesarios para su autonomía, seguridad jurídica, cuidado y bienestar.
Alguno de los efectos que la pandemia está teniendo ya en el colectivo de mujeres y niñas con discapacidad son:
– Muchas mujeres y niñas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad orgánica, son población de alto riesgo ante el COVID-19 por el impacto que el virus puede ocasionarles y, en este momento, se están encontrando sin recursos para poder acceder, con seguridad, a sus tratamientos farmacológicos o tratamientos sanitarios especializados.
– Las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género se han visto obligadas a permanecer confinadas en el hogar junto con su agresor, quedando completamente expuestas y desprotegidas, sin mecanismos de defensa ni cauces para comunicar o denunciar su situación. Además, es preciso incorporar de forma urgente medidas de apoyo psicológico para paliar el grave daño emocional del confinamiento sobre su autoestima y dotarles de herramientas para salir de la situación de violencia en la que viven.
– Destrucción masiva de empleos, especialmente aquellos menos estables y ocupados principalmente por mujeres. Las mujeres con discapacidad trabajadoras, además, se encuentran con mayores dificultades para reincorporarse a sus puestos de trabajo debido a que los desplazamientos urbanos no son accesibles ni contemplan las medidas de seguridad necesarias para su protección.
En general, las mujeres con discapacidad ocupan empleos menos seguros y peor remunerados. El 34% de las mujeres con discapacidad en activo, tienen trabajos temporales y al menos el 42% de las que trabajan perciben un salario inferior a 900€. Además, según datos de CEMUDIS antes de la pandemia, el 51,6% de las mujeres con discapacidad en España no podían afrontar gastos imprevistos superiores a 650€. Por lo tanto, la situación que están viviendo ante la pérdida de sus empleos o las incorporaciones a un ERTE no les permite cubrir necesidades mínimas para su cuidado y autonomía. Muchos de estos hogares, además, tampoco disponen de recursos telemáticos para trabajar o estudiar a distancia, hacer gestiones con la administración pública y acceder a tratamientos sanitarios durante el confinamiento.
Efectos devastadores
“El incremento del desempleo en las mujeres con discapacidad tendrá efectos devastadores y producirá un retroceso en los avances logrados en los últimos años en cuanto su autonomía y participación en la vida social, cultural y económica”, añaden.
Con todo, estas asociaciones entienden que, en una situación de alarma sanitaria como la que estamos viviendo, el Estado debe ser garante de los derechos de toda la ciudadanía y muy especialmente de aquellos colectivos más vulnerables, pues son éstos los que mayor protección necesitan. Las mujeres y niñas con discapacidad tienen derecho a que se legisle también para ellas, por tanto, desde la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) reivindicamos se consideren algunas medidas de protección:
– Garantías de protección laboral a las trabajadoras con discapacidad, especialmente a aquellas que ocupan trabajos temporales, así como una red de ayudas para el emprendimiento.
– Proporcionar bonificaciones y subsidios para contratar servicios infantiles para las trabajadoras con discapacidad que no pueden teletrabajar.
– Dotación económica o de recursos básicos para los hogares más vulnerables en los residen mujeres y niñas con discapacidad, con el fin de evitar su marginación del sistema; y que puedan disponer de equipos de protección sanitaria, suministros básicos, servicio de internet y telefonía, dispositivos tecnológicos que permitan el trabajo o el estudio a distancia, o el acceso a cuidados domiciliarios, entre otros.
– Incorporar medidas para su acceso a los tratamientos sanitarios y farmacológicos especializados que necesitan, así como la prestación gratuita de servicios de información y atención psicosocial.
– Garantizar el derecho a la educación de las niñas con discapacidad a través del acompañamiento personalizado en su progreso de aprendizaje, la dotación de recursos tecnológicos para su formación a distancia y la adaptación a una nueva normalidad.
– Garantizar su derecho a la información de forma accesible y adaptada a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad para que puedan comprender, participar y adaptarse a la nueva normalidad.
– Elaborar planes de acción nacionales para la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, así como adaptar los planes existentes a la nueva realidad que se plantea ante el COVID-19.
– Facilitar los mecanismos de acceso a la justicia a las mujeres y niñas con discapacidad, así como implementar medidas para su protección y resarcimiento justo y eficaz por el daño ocasionado.
– Promover que la nueva normalidad se construya teniendo en cuenta la perspectiva de género en las ciudades, que sean inclusivas, seguras y accesibles para las mujeres y niñas con discapacidad.
– Dotar de recursos a las entidades sociales que representan y atienden al colectivo a través de servicios especializados y adaptados a sus necesidades, para que puedan continuar con su labor de denuncia, sensibilización y protección de las mujeres con discapacidad en especiales situaciones de vulnerabilidad.
– Necesidad de la integrar la perspectiva de la discapacidad de género en la definición e implementación de medidas de protección durante el desconfinamiento.
– Evaluación del impacto que está teniendo de la pandemia del COVID-19 en las mujeres y las niñas con discapacidad desde una perspectiva integral.
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