La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha anunciado, durante su comparecencia de legislatura en las Cortes, que la Junta aprobará un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias con una inversión cercana a los 600 millones de euros, y ha asegurado que se afianzará el prestigio de los Servicios Sociales “con mayor agilidad” y respuestas “integrales y coordinadas a las necesidades”.
García ha señalado que las actuaciones que su departamento va a poner en marcha parten del compromiso del Gobierno autonómico con las políticas sociales, “que se concretará en una triple garantía: política, financiera y de diálogo”. Así, ha marcado como grandes objetivos los de “mejorar todavía más el modelo de calidad en los Servicios Sociales con el que cuenta Castilla y León y avanzar en los derechos; dar un nuevo salto de calidad en la atención y protección a las personas y prioridad en el empleo como la mejor de las herramientas para conseguir la integración de todos”. Para ello, se han fijado siete líneas de trabajo fundamentales:
1. “Protección integral a las familias, especialmente a aquellas afectadas por la crisis, cubriendo su necesidades básicas y facilitando su integración socio-laboral”.
2. “Reforzar el envejecimiento activo y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, potenciando los servicios y recursos sociales que atienden a las personas mayores”.
3. “Promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para que alcancen mayor autonomía, integración y plena participación.”
4. “Priorizar actuaciones destinadas a que los jóvenes cuenten con más oportunidades para formarse y para trabajar”.
5. “Avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incidiendo especialmente en el ámbito laboral y lucha constante contra la violencia de género”.
6. “Nuevas estrategias de sensibilización y prevención contra la drogodependencia, destinadas especialmente a adolescentes y jóvenes, y refuerzo de las actuaciones asistenciales y de la integración socio-laboral”.
7. “Actuaciones de carácter transversal encaminadas a facilitar el acceso al empleo que se desarrollarán en cada una de las prioridades anteriores”.
Colaboración y diálogo
En todas las actuaciones primará, ha dicho, “la protección de las personas que más lo necesitan; la respuesta a cada necesidad personalizada y profesional, como garantía de calidad y también como instrumento generador de empleo; la sostenibilidad que garantice una financiación adecuada, estableciendo un suelo mínimo de gasto social y la inversión social como nuevo escenario de intervención, con profesionales y gestores de caso coordinados que, junto con los usuarios, establezcan itinerarios basados en el proyecto vital de cada persona”. Todo ello, “contando con la participación y la colaboración de todos los agentes que conforman el sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, tanto las distintas administraciones como las entidades del Tercer Sector”.
Como instrumento básico en el modelo de atención a la carta, la consejera ha asegurado que durante los próximos años se desarrollarán todas las potencialidades del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, y ha anunciado la elaboración del Mapa de Servicios Sociales. Esta herramienta determinará la adscripción y el desarrollo de las prestaciones recogidas en el catálogo y su asignación por centros, servicios, programas y recursos de cada ámbito territorial.
Además, se aprobará el Plan de Servicios Sociales, que fija las líneas de acción estratégicas del sistema y directrices básicas en esta materia. Junto a esto, se aprobará, antes de finalizar 2015, una norma para regular la historia social y el Registro Único de Usuarios en el Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, y se regulará el Comité de Ética en Servicios Sociales.
Según García, el compromiso de la Junta con las políticas sociales se concretará en una triple garantía: política, financiera y de diálogo. Política, “porque la próxima reforma del Estatuto de Autonomía incluirá el sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública”. En cuanto a la financiera, porque supone “un suelo mínimo de gasto social, garantizando que se destine a las tres consejerías que desarrollan políticas sociales una cifra no inferior al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías, además de aprobar un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias por un importe próximo a los 600 millones de euros”. La garantía de diálogo, cooperación y participación viene dada “por la colaboración con las entidades locales para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad, a lo que se sumará la aprobación de un proyecto de Ley del Dialogo Civil”.
Dos grandes objetivos
En este contexto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades afrontará dos grandes objetivos y compromisos durante la legislatura:
1. Avanzar “en la alta calidad que prestan los Servicios Sociales en Castilla y León, marcando nuevos retos en la apuesta por ampliar la generación de derechos de carácter social y por una atención personalizada que ofrezca respuestas ajustadas a las necesidades de las personas en función de la etapa vital en la que se encuentren”, configurando unos servicios sociales “integrados y personalizados en el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas para ayudarlas a alcanzar su máximo potencial y conseguir su autonomía personal, social y laboral”.
2. “Procurar la transición desde la exclusión social a una vida normalizada a través del empleo, para lo cual se utilizarán los diferentes ámbitos en los que actúan los Servicios Sociales.
Primer objetivo: mejorar aún más la atención y protección a las personas
Red de Protección. Al incorporarse al Estatuto de Autonomía “como un instrumento estable de protección y atención social”, actuará “de forma habitual y continuada, no sólo en momentos de crisis”, y se perfeccionará su configuración y funcionamiento a través de un anteproyecto de ley.
Respecto a los programas de la red, García ha explicado que se asegurará la dotación presupuestaria en la Renta Garantizada de Ciudadanía “para cubrir las necesidades básicas de subsistencia que requieran las personas y familias”, y se adoptarán “las medidas necesarias para que la Renta se adecúe continuamente a los nuevos perfiles de los perceptores”, al tiempo que se agilizará su concesión “para las situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad”.
Como ha avanzado la consejera, se configurará “como un derecho subjetivo el acceso de los ciudadanos al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio”, así como al de Atención Inmediata de Alimentos Básicos. En colaboración con las corporaciones locales, su departamento implantará un sistema de tarjetas de compra, especialmente las que tienen menores a su cargo, en la atención a las necesidades básicas de subsistencia para adquirir productos frescos de primera necesidad. Asimismo, dará “carácter prioritario y estable” a las ayudas de urgencia social para familias con todos sus miembros en desempleo que no puedan pagar el alquiler de su casa, y continuará apoyando económicamente a las corporaciones locales para atender las necesidades de las personas que necesiten ayudas de urgencia social.
Infancia. La Red Centinela ampliará su cobertura para detectar otras carencias sociales de los menores, además de las alimenticias, como la vivienda o la energía. Familia e Igualdad de Oportunidades potenciará el acogimiento familiar como alternativa preferible ante situaciones de desprotección de la infancia, para lo que desarrollará el Estatuto de los Acogedores y lo promocionará entre la sociedad e instituciones. También aprobará un Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar e impulsará la aplicación del protocolo marco de actuaciones en caso de maltrato infantil para asegurar mecanismos de prevención y seguimiento de los casos.
Familia. Alicia García ha avanzado la elaboración de un Anteproyecto de Ley del Sistema de Conciliación Familiar, Personal y Laboral y políticas de apoyo integral a las familias. Se incrementarán un 10% las plazas del programa Crecemos de 0 a 3 años, se proporcionará atención a las familias más necesitadas a través de la red de protección y se desarrollará “una política de familia de carácter integral para el resto”.
Mayores. Con el objetivo de “promover y mejorar el envejecimiento activo, la autonomía y la calidad de vida de los mayores, la Junta “avanzará en la transformación de los centros de mayores en centros multiservicios” y seguirá reconvirtiendo las plazas residenciales de válidos en puestos para asistidos. Al mismo tiempo, duplicará el número de unidades de convivencia En mi casa.
Dependencia. Se pondrá en marcha una estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo. Se reconocerán y concederán las prestaciones de dependencia en un plazo máximo de tres meses, según ha destacadola consejera, que ha manifestado el compromiso de resolver, ya en este mes de septiembre, el 50% de las solicitudes de prestación de dependencia en Grado I.
Según la consejera, se potenciarán los servicios profesionales en atención a la dependencia para ofrecer mayor calidad y fomentar el empleo; se regulará la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar su calidad y se implantará un programa personalizado de orientación y asesoramiento dirigido a la adquisición de apoyos profesionales y tecnológicos para la autonomía personal.
Junto a esto, se aprobarán dos normativas específicas para regular el modelo residencial En mi casa y la autorización para que todos los centros de mayores que ya están funcionando incorporen elementos esenciales de este modelo y, “en colaboración con la Consejería de Sanidad, se impulsará la Estrategia de Atención al Paciente Crónico para avanzar en la coordinación sociosanitaria”.
Discapacidad. Se diseñará e implantará, en colaboración con el CERMI, “un modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad basado en apoyos y servicios personalizados y adaptados a los cambios vitales de la persona, en la figura del coordinador de caso, en el desarrollo del servicio de asistencia personal y con el empleo como herramienta básica de inserción y de construcción de itinerarios”. Además, se promoverán “recursos y apoyos para garantizar la atención temprana a la población infantil” y se actualizará el marcon normativo en materia de accesibilidad “con arreglo al principio de accesibilidad universal y a las tendencias más innovadoras”.
Igualdad. Para Familia e Igualdad de Oportunidades, será “objetivo prioritario poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades”. Así, desarrollará una Agenda para la Igualdad “para concretar las líneas de actuación en esta legislatura” y desarrollará programas de sensibilización en el ámbito familiar, educativo, laboral y en el medio rural, además de medidas específicas para mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
Lucha contra la violencia de género. La Junta se compromete a “desarrollar y afianzar el modelo Objetivo Violencia Cero para ofrecer una respuesta integral a las víctimas, con la figura del coordinador de caso. En este contexto, el próximo jueves, 10 de septiembre, se aprobarán las directrices de funcionamiento del modelo de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. Por otro lado, se reforzará la prevención y sensibilización “con campañas innovadoras, con actuaciones desde las edades más tempranas y a través de programas de información y formación a jóvenes y adolescentes en centros escolares y también al profesorado”. García también ha resaltado que se proporcionará una atención “flexible, integral y personalizada a las víctimas, reforzando los centros y servicios que conforman la red de atención en el acceso, mejora y seguimiento de las prestaciones y poniendo en marcha el Servicio de Apoyo en el Entorno Familiar”.
Drogodependientes. La Junta de Castilla y León aprobará el VII Plan Regional sobre Drogas, reforzará las actuaciones de prevención en el ámbito educativo, familiar y extraescolar con nuevos programas de prevención y sensibilización y pondrá en marcha el nuevo programa Unplugged, basado en el entrenamiento de habilidades en el ámbito escolar. Del mismo modo, incrementará las acciones con jóvenes para prevenir el consumo de alcohol y prestará especial atención “a las personas en situación de mayor riesgo con programas que atiendan a las familias”.
Segundo objetivo: el empleo como prioridad para la inserción e integración
En su comparecencia, la máxima responsable de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha indicado que la finalidad última de la Red de Protección a las Familias será “la plena inclusión social de las personas y la inserción a través del empleo”. Así, se facilitará la transición desde la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta la inclusión laboral como mejor mecanismo de integración social, para lo cual se pondrá en marcha “una línea de ayudas al Tercer Sector para favorecer esta transición”.
En el marco del Proyecto Europeo PACT se va a desarrollar una metodología de intervención con las personas en situación o en riesgo de exclusión social encaminada a definir estrategias y pautas de actuación para su efectiva inserción social, especialmente para los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En relación a la discapacidad, el Gobierno autonómico elaborará, “en el primer año de esta legislatura, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades”, planteado “en clave de derechos, de empoderamiento para el desarrollo de proyectos vitales, de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria”. Junto a esto, diseñará e implantará, en colaboración con la Confederación Española de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), un modelo mejorado de atención que fomentará el empleo como herramienta básica de inserción y de la construcción de los itinerarios.
En el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y de la lucha contra la violencia de género, la Junta prevé reforzar la igualdad en el ámbito laboral “con acciones específicas dirigidas a las empresas de Castilla y León para impulsar y favorecer la equiparación real entre trabajadores y trabajadoras”. En este sentido, se convocará, “de forma inminente”, una línea de ayudas para fomentar, en el tejido empresarial de la Comunidad, medidas de acción positiva que favorezcan la igualdad en los puestos de trabajo“. Se desarrollarán “actuaciones de reconocimiento público a aquellas empresas que implanten las mejores ideas que hagan realmente efectiva la igualdad” y otros proyectos, como el Programa de Atención a Mujeres con Necesidades Especiales, “con medidas específicas de formación, desarrollo de habilidades personales o de orientación para el empleo en colaboración con las entidades del tercer sector.
Por otro lado, se intensificarán acciones “para promover la integración social y laboral de drogodependientes”, prestando especial atención “a casos de mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y a los drogodependientes con problemas jurídico-penales”.
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