El Consejo de Ministros ha aprobado tres proyectos fundamentales para la puesta en marcha de la Agenda Social con la que el Gobierno pretende consolidar el crecimiento económico y fortalecer el Estado de Bienestar. Tres proyectos pensados y orientados a otros tantos sectores estratégicos para la recuperación: los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, según la ministra Ana Mato.
El Plan de Acción sobre la Estrategia Española de Discapacidad, el de Igualdad en la Sociedad de la Información y la Estrategia de Juventud 2020 conforman los primeros pasos de un amplio conjunto de medidas sociales que tendrán su continuación en proyectos de actuación para familias, infancia, voluntariado y Tercer Sector.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que el Gobierno ha afrontado desde el inicio de la legislatura el reto de atender los problemas económicos y sociales de España a través de un programa de reformas planteado “para recuperar la senda de crecimiento económico, la prosperidad y para garantizar el modelo de bienestar”. Durante estos tres años, en consecuencia, el Gobierno ha aprobado medidas destinadas a situar a España en la posición que merece y asegurar servicios básicos como la sanidad, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia; en suma: garantizar el bienestar de todos.
Empezamos a dejar atrás tiempos difíciles, ha añadido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad porque se empieza a construir empleo. Es el momento, en palabras de Ana Mato, de seguir avanzando “en la mejora de la calidad de vida de las personas”, y en ese objetivo resulta esencial la Agenda Social que el Departamento que dirige pilotará durante los próximos meses.
El paso inicial lo dan los tres proyectos citados, a los que se sumarán el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que asegurará la protección y reconocimiento de las familias e incluirá medidas fiscales, de conciliación, de empleo y de apoyo a la maternidad. Será, además, un valioso instrumento para afrontar los retos demográficos a lo que se enfrenta España.
También la reforma de la legislación de protección a la infancia, que ya fue presentada como anteproyecto; la aprobación de un conjunto de recomendaciones para la defensa de los derechos de las personas mayores, las nuevas leyes del Tercer Sector y del Voluntariado, y renovados planes contra la discriminación salarial de las mujeres y para la promoción del papel de la mujer en el medio rural. Todos ellos son proyectos que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pondrá en marcha próximamente con el fin de acelerar el crecimiento.
Plan de acciónn sobre la Estrategia de discapacidad
Dotado con 3.093 millones de euros y compuesto por 96 medidas, el proyecto se articula en cinco ejes de actuación: igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía. El prioritario se enmarca en el empleo, ya que concentra el 95% de los recursos del mismo. El Plan contará con el seguimiento y control del Consejo Nacional de Discapacidad mediante informes del Observatorio de la Discapacidad.
– Acceso al empleo
Favorecer el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral se erige en línea primordial habida cuenta del buen comportamiento que esta tasa ha mostrado durante los últimos tres años (en junio de este año se ha registrado un crecimiento de las contrataciones a personas con discapacidad de casi el 20% en comparación con la tasa acumulada a junio de 2013).
Dentro del objetivo: “Promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad”, se elaborarán itinerarios individuales y personalizados, así como informes según las capacidades, para impulsar este propósito, que se complementará con la potenciación de la contratación pública socialmente responsable a través de campañas informativas dirigidas especialmente a pequeñas y medianas empresas. Se persigue con ello destacar el valor añadido que estas contrataciones significan para el proceso productivo.
– Igualdad y no discriminación
Otro de los objetivos del Plan se encuentra en la priorización de la igualdad y la erradicación de la discriminación. Es éste, como ha destacado Mato, un principio transversal del proyecto, y se compone de líneas de trabajo destinadas a reducir el número de personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza y a promover la participación de este grupo de personas en condiciones de igualdad en las esferas política, económica y social. En definitiva, a atajar el grado de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
Una de las medidas más relevantes en este campo consiste en la designación, dentro del organigrama de cada Ministerio y de cada organismo público, de un “Responsable de Discapacidad” para que efectúe un seguimiento de los avances que se produce en su entidad en cuanto a la aplicación de accesibilidad y de las iniciativas correspondientes. Será una figura similar a la que ya opera en los departamentos ministeriales sobre políticas de igualdad.
– Apuesta por la educación
La ministra Ana Mato, además, ha remarcado la importancia que la educación desempeña en la inclusión en el mercado de trabajo, y por ello, éste se ha convertido en otro pilar esencial del Plan. Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 78,5% de los alumnos de enseñanzas no universitarias con algún tipo de necesidad educativa especial se encuentra en centros ordinarios de enseñanza.
Por tal razón, se pondrán en marcha medidas de apoyo a tales centros educativos, y en este marco se impulsará la evaluación temprana y la orientación psicopedagógica. El Plan, asimismo, aboga por incluir en los planes de estudios materias relativas a la accesibilidad universal y por aumentar la formación entre la comunidad educativa acerca de las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Mato ha hecho hincapié en que se facilitarán alternativas formativas y laborales a las personas a las que le sobrevenga una discapacidad en edad adulta.
– Promoción de la accesibilidad a bienes y servicios
Fomentar el desarrollo de la vida independiente requiere, y así consta en el Plan, poner a disposición de las personas con discapacidad y de sus familias una serie de ayudas (a través de planes estatales) que les permitan llevar a cabo ajustes en sus viviendas para favorecer su accesibilidad y autonomía en las mismas. Accesibilidad que, tal y como ha indicado Mato, no se limita sólo a superar barreras arquitectónicas, sino que se extiende al acceso a las tecnologías de la información. Reducir la brecha digital es un objetivo operativo de este Plan, al igual que impulsar que las embajadas y consulados de España en el exterior, así como en los centros del Instituto Cervantes, sean plenamente accesibles para personas con discapacidad física, sensorial e intelectual.
Por estos motivos, se prevé la elaboración de un Plan Especial de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, con atención especial a las tecnologías tradicionales con menos grado de accesibilidad, como son la televisión, la radio, el entorno domiciliario y las tecnologías del medio ambiente urbano).
– Apoyo a sectores empresariales
La ministra se ha propuesto con dicho Plan dar apoyo a aquellos sectores con mayor potencial en la provisión de bienes y servicios accesibles, lo que pasa por apostar por la accesibilidad en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en particular para niños y niñas y personas mayores. Una de las medidas consiste, de hecho, en potenciar la creación de certificaciones de accesibilidad en empresas, productos y servicios. Dentro de este ámbito, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere promover una conexión más estrecha entre la oferta y la demanda de productos y servicios accesibles.
En este sentido, se creará la Red Española de Información sobre Discapacidad y se publicará la Guía de Recursos de Atención a la Discapacidad.
El refuerzo de la I+D+i vinculado a la discapacidad se enmarca en este objetivo estratégico del Plan.
Estrategia de juventud 2020
El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros es la primera estrategia dirigida a los jóvenes elaborada por un Gobierno en España, y pretende servir de referencia a todas las políticas de juventud que desarrollan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ha señalado Mato. En España, de acuerdo con el padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2014, la cifra de jóvenes entre 15 y 29 años es de 7,6 millones (el 16,15% de la población)
Su dotación presupuestaria, de 2.942 millones de euros, se sostiene en 211 medidas. Más del 90% de dicha cuantía se articula en los objetivos de potenciación del empleo y del emprendimiento entre los jóvenes. Porque, para el departamento que dirige Ana Mato, se hace crucial atajar la tendencia descendente de la autonomía económica de los jóvenes y asegurarles un futuro con empleo y con oportunidades.
La educación aparece como primer eje clave (España tiene un tasa alta de fracaso y abandono escolar) en un Plan que se centra en el impulso de la formación dual (combinando los procesos de enseñanza con periodos de aprendizaje en las empresas y en el centro de formación) y en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, sobre todo en el ocio digital y las nuevas tecnologías, campos emergentes con un contrastado potencial para la creación de puestos de trabajo y para el lanzamiento de proyectos empresariales, sin obviar las múltiples opciones de formación que atesora.
Por otro lado, se estrechará la coordinación entre los departamentos de juventud de las administraciones y los centros educativos para que se canalicen oportunidades laborales y vías de formación.
Uno de los problemas que condiciona los proyectos de los jóvenes es la baja tasa de emancipación, de ahí que, como ha asegurado la ministra, esta Estrategia se plantee aumentar estos porcentajes. Por tanto, se mantendrán las desgravaciones fiscales y las ayudas para el alquiler de vivienda. Radica aquí otro de los objetivos esenciales de la Estrategia: la de facilitar que los jóvenes puedan emanciparse, ya que estudios recientes advierten de que para ellos la falta de recursos económicos resulta un obstáculo casi siempre insalvable. Por ello, esta Estrategia movilizará los mecanismos que operan en las administraciones central, autonómica y local para poner coto a ese porcentaje del 42,9% de los jóvenes que viven en el domicilio de sus padres y desea emanciparse.
La promoción de hábitos de vida saludable, la potenciación del voluntariado entre los jóvenes, el compromiso por erradicar cualquier forma de discriminación, y por extensión, por fomentar la igualdad son otros de los campos preferentes de una Estrategia.
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