El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que Ministerio y comunidades autónomas (CCAA) han acordado el reparto de más de 75 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinan a prestaciones sociales. 5,5 millones serán para Castilla y León.
En su comparecencia al término de la reunión, Alonso ha destacado que este año el Gobierno dedicará al Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia 48 millones de euros, de los cuales 3,39 se destinarán a la Comunidad. Este fondo, creado en 2014, “es una de las medidas principales del Ministerio para la lucha contra la pobreza infantil y contra la desigualdad”. Entonces se dotó de 17 millones de euros, “cuantía que ascendió a 32 millones de euros en 2015 y que sube este año en 16 millones más, hasta alcanzar los 48”.
Según destaca el Ejecutivo en una nota de prensa, este crédito, “al igual que el año pasado, no tiene compromiso de financiación ni por parte de las CCAA, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, ni tampoco de los ayuntamientos”.
Por otro lado, para el Plan de Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, también llamado Plan Concertado, se ha contemplado en los PGE para 2016 una dotación de 27,41 millones, la misma cantidad que en 2015. En el reparto, Castilla y León recibirá algo más de 2 millones.
En este caso, y como en ejercicios anteriores, el Gobierno explica que se mantendrá el compromiso de financiación por parte de las CCAA, que aportarán, al menos, la misma cantidad del Ministerio. En relación a esto, serán las comunidades autónomas las que acordarán con las corporaciones locales de su territorio la gestión y aportación económica a los proyectos de los que sean responsables.
Plan de Desarrollo Gitano
Otra de las cuestiones tratadas en el Consejo ha sido el reparto de los 412.500 euros que destinan los PGE de este año, al igual que el año anterior, al Plan de Desarrollo Gitano, que se ha realizado con los mismos porcentajes de participación que en 2015. Alonso ha subrayado que esta cantidad se destinará a proyectos de intervención social integral para la prevención de la marginación e inserción de los grupos de gitanos más desfavorecidos.
En este caso, la aportación económica de las CCAA y/o de los ayuntamientos, según el compromiso de financiación en este crédito, será de al menos dos tercios de la aportación del Ministerio.
En relación a estos tres fondos, y de cara a 2017, se ha considerado necesaria la creación, en el seno del Consejo Territorial, de un grupo de trabajo para llevar a cabo una revisión de los criterios de distribución y financiación de los créditos de estos programas sociales.
Subvenciones con cargo al IRPF
Respecto a las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, el ministro ha asegurado que tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha iniciado los trámites para publicar la convocatoria de este año.
En este sentido, ha explicado que las subvenciones del IRPF son “el principal instrumento de vertebración social del país, ya que el reparto alcanza a todos los puntos del territorio nacional”. Además, ha recordado que la sentencia “avala esta convocatoria de subvenciones estatales para el Tercer Sector y su contenido permite mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de seis millones de personas”.
Así, ha resaltado que entre las prioridades del Ministerio está la de “atender las necesidades de personas en situación de pobreza y poner en marcha servicios de prevención contra la exclusión social y el apoyo a familias y niños en situación de precariedad social y económica”.
En relación a la nueva convocatoria, este año se repartirán 235 millones de euros, unos 14 millones más que en 2015. De este incremento, 10 millones de euros obedecen al aumento de la recaudación, ya que cada vez son más los contribuyentes que marcan la casilla de Actividades de interés social en su declaración de la renta.
Los otros 4 millones de aumento se deben a lo recaudado por el caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado. Este año, como novedad, las dos terceras partes de este importe se destinan a los programas sociales apoyados por el Estado a través de las subvenciones del IRPF.
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