Presidentes y representantes de las 12 asociaciones que atienden a las personas con TDAH de Castilla y León integradas en la FACYL-TDAH celebran este sábado Palencia su asamblea general, en la que analizarán la situación del recurso contencioso-administrativo contra la decisión tomada por la Consejería de Educación de excluir a la mayor parte de estos alumnos de la Atención a la Diversidad (ATDI).
La ATDI es la herramienta informática en la que la Consejería de Educación registra al alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria por lo que la exclusión de este alumnado les impide recibir la atención educativa que precisan.
La administración educativa de Castilla y León reguló el acceso a la ATDI mediante una instrucción dictada durante el verano de 2015 y en ella no incluyó como un grupo propio del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al alumnado con TDAH, incumpliendo lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación vigente. Esta ley, que por su carácter orgánico, es de aplicación en todo el Estado, define al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo como aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.
Para la presidenta de FACYL-TDAH, “esta decisión de la Consejería de Educación de la Junta es, además de ilegal, por ser contraria a lo establecido en la ley orgánica, injusta. porque está privando a la mayoría de los alumnos afectados por TDAH de Castilla y León de una atención educativa específica a la que tienen todo el derecho como grupo propio definido claramente en la ley”.
Agotados todos los recursos administrativos
La FACYL-TDAH presentó en tiempo y forma un recurso administrativo que no fue atendido por la administración educativa de la Junta de Castilla y León, por lo que la federación en su asamblea semestral tomó la decisión de recurrir esta instrucción al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Para la presidenta de este colectivo en Castilla y León, “acudir al TSJ es nuestra última opción después de agotar todos los recursos administrativos posibles”.
La FACYL y sus asociaciones integradas denuncian también la negativa actitud de la Junta al no informar a estas entidades de la actualización del protocolo de coordinación del TDAH, ni permitirles realizar aportaciones que mejorasen el citado procedimiento. Para Mª Cristina Peña, como representante de FACYL-TDAH y aunando el pensar de todas las asociaciones que componen dicha Federación, “la Junta con su actitud impide el ejercicio legal del derecho a la participación ciudadana de los principales interesados en este protocolo que son los padres de los niños afectados. Un despropósito inaceptable”.
Las asociaciones de TDAH de Castilla y León llevan esperando 7 años a que la Junta de Castilla y León implemente las medidas específicas para la atención integral a los pacientes y afectados por TDAH de Castilla y León. La presidenta de este colectivo se muestra molesta con este retraso: “La paciencia de las personas tiene un límite y la nuestra se ha agotado ya. Hasta ahora hemos tenido una actitud proactiva con la administración sin conseguir resultados visibles por lo que tendremos que cambiar hacia una estrategia mucho más reivindicativa”.
La FACYL exige a la Junta que implemente de forma inmediata el conjunto de medidas que recoge las proposiciones no de ley, PNL, aprobadas por las Cortes de Castilla y León en sesiones plenarias celebradas el 10 de marzo de 2010 y 28 de mayo de 2014. “Es un derecho para nuestros representados y un deber nuestro exigir que se implemente esa atención integral”, asevera la presidenta.
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