La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER), formada por colectivos, organizaciones y movimientos en favor del acceso universal a la sanidad, han recopilado un total de 3.340 casos de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras la reforma sanitaria que hoy cumple cinco años y que ha supuesto también la retirada de 873.000 tarjetas.
El Real Decreto Ley 16/2012, que supuso la exclusión del Sistema Nacional de Salud (SNS) de cientos de miles de personas, cumple hoy 5 años. A lo largo de este lustro, en respuesta a la repetida denuncia de diversos organismos internacionales y europeos sobre la grave vulneración de derechos derivada de esta medida, el gobierno ha difundido una serie de mensajes “falaces” que las organizaciones que intregran la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) desmontan hoy con la presentación del informe Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria, que se ha escenificado en un acto urbano en el que se ha pedido a los ciudadanos de a pie que experimenten la escena “kafkiana” que representa el acceso a la sanidad para las personas excluidas:
“Una reforma inevitable para salvar la Sanidad”
El Sistema Nacional de Salud Español (SNS) se caracterizaba hasta 2012 por otorgar una cobertura muy amplia con un gasto relativamente contenido respecto de otros países de nuestro entorno. No obstante, el Gobierno alegó que el sistema se encontraba al borde del colapso y con este único argumento, sin aportar memoria económica alguna que justificara las medidas adoptadas, impuso en abril de ese año una reforma radical. Cinco años después, no se ha realizado por parte del Ejecutivo ningún informe de impacto que permita valorar el efecto que el RDL 16/2012 ha tenido sobre la salud individual y colectiva.
“En España nadie se queda sin asistencia sanitaria”
Desde enero de 2014 hasta marzo de 2017, las organizaciones integrantes de REDER han recogido 3.340 casos de personas excluidas del SNS –de las cuales, 1.840 eran personas en situación administrativa irregular-. Esta cifra constituye una muestra que constata la existencia de una grave situación con una dimensión real mucho mayor. De hecho, ni siquiera se han respetado los casos de las personas que tienen que acudir a urgencias para ser atendidas, ni los de quienes sí tienen derecho a recibir asistencia sanitaria (mujeres embarazadas, menores, víctimas de trata y personas solicitantes de asilo). 146 casos documentados de mujeres embarazadas, 243 de menores, 26 de personas solicitantes de asilo y 341 casoos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias así lo demuestran.
“La Sanidad es hoy más universal que nunca”
Según la versión del Gobierno, el RDL 16/2012 otorgó el acceso al SNS a las personas desempleadas de larga duración que habían agotado su prestación por desempleo, pero estas personas ya habían sido incluidas en el Sistema por la Ley General de Salud Pública de 2011. Por el contrario, el RDL dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, como el propio Ejecutivo certificó refiriéndose a las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa.
“Dar tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular fomenta el turismo sanitario”
El perfil de la persona que realiza turismo sanitario es el de alguien con recursos y ciudadanía europea que viene a España con el fin exclusivo de recibir tratamiento médico especializado. Antes del real decreto existían mecanismos para facturar dicha atención sin que supusiera una carga para el Estado. Por el contrario, las personas migrantes en situación administrativa irregular son, por lo general, jóvenes y con buen estado de salud que vienen a España a vivir y a trabajar. El uso que realizan del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de una persona nacional. Es más, sólo el 3% de quienes migran a Europa lo hacen por problemas de salud.
“Con las nuevas normativas autonómicas ya no hay exclusión sanitaria”
Estas disposiciones han tenido un impacto positivo a la hora de mitigar los graves efectos del RDL, “pero el problema dista mucho de estar resuelto”, denuncian en su informe desde REDER. Desde la aprobación de dichas medidas, la red ha documentado 687 casos de personas excluidas debido a que las propias normativas contienen barreras administrativas de difícil cumplimiento en algunos casos, las medidas no han venido acompañadas de campañas informativas dirigidas tanto al personal de los centros sanitarios como a las propias personas afectadas y el alcance de estas normativas está limitado por las propias competencias de las comunidades autónomas que las incapacitan para revertir el cambio de modelo.
REDER considera que el cambio legislativo es imprescindible y no puede posponerse más. Por tanto, y teniendo en cuenta que actualmente la mayoría parlamentaria está integrada por partidos políticos que han manifestado de forma reiterada su compromiso con un sistema sanitario público y universal, exige a los distintos grupos parlamentarios la adopción de medidas legislativas queaseguren el fin de esta situación.
La gravedad del Real Decreto Ley 16/2012, en datos
Aunque se desconoce una cifra absoluta que ilustre hasta qué punto la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 ha implicado la negación de asistencia sanitaria, para REDER la cifra reveladora son las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa, según datos del propio gobierno.
Además, se han detectado 3.340 casos de exclusión entre enero de 2014 y marzo de 2017, contabilizados a partir de las denuncias que presentan las personas excluidas en las organizaciones que forman parte de REDER, entre ellos muchos que estaban protegidos por la propia ley como son 146 mujeres embarazadas, 243 menores de edad, 26 personas solicitantes de asilo y 341 atendidos en urgencias.
REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento.
REDER se funda en XXX como una respuesta a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno a partir del Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. Por ello, REDER defiende la atención sanitaria pública, universal y sin repagos, por lo tanto, está en contra de cualquier tipo de red paralela al Sistema Nacional de Salud.
REDER está coordinado por un Grupo Motor integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). De su mano se han ido sumando otras organizaciones, colectivos y redes.
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