Los intérpretes en lengua de signos que apoyan a los profesores en los centros escolares de Castilla y León para atender a los alumnos con deficiencias auditivas han reclamado hoy mejoras laborales y salariales con una huelga y una concentración ante la Consejería de Educación.
El colectivo está formado por 33 personas que sirven de apoyo en la educación de unos 80 escolares de los centros públicos de la comunidad autónoma con deficiencias auditivas y que son contratadas por empresas privadas a las que la Junta de Castilla y León adjudica la concesión después de una licitación. La portavoz de estos intérpretes en lengua de signos, Beatriz Andrés, ha informado a EFE de que la huelga ha sido secundada por la mayoría del personal que no estaba afectado por los servicios mínimos.
Beatriz Andrés ha denunciado que las adjudicaciones a las empresas privadas se efectúan a la baja y son recibidas por aquellas que presentan un menor coste, sin entrar a sopesar la calidad del servicio y no siempre a empresas del sector de la educación. En un manifiesto los intérpretes en lengua de signos reclaman mayor estabilidad laboral para acabar el curso completo, y la percepción de la totalidad de las pagas anuales, cuando ahora sólo reciben el 80 por ciento de nueve pagas al año.
Entre otros, los interpretes en lengua de signos han recibido el apoyo en la concentración de los portavoces de Educación del PSOE, Fernando Pablos, y de Podemos Castilla y León, Adela Pascual. Pablos recordó que su grupo tiene registrada un proposición no de ley desde el 18 de mayo y que el Grupo Popular “no ha querido llevarla a debate aún”. En ella, se pide que la titulación necesaria para los intérpretes de lenguaje de signos en centros educativos sea de técnico superior, una jornada laboral completa de 35 horas semanales, una prestación académica del 1 de septiembre al 31 de junio y una garantía de no reducción de plantilla durante el curso.
Titulación
Por otro lado, advirtió que la Orden ECD/1542/2015, de 21 de julio, ha establecido el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa, que se empezó a impartir este curso académico 2015/2016. Por tanto, “no existe en la actualidad ninguna persona titulada en Mediación Comunicativa”.
En estas circunstancias, también destacó que el BOCyL del pasado 8 de abril publicó la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, por la que se anuncia “la licitación del contrato de servicio de asistencia mediante mediadores comunicativos con destino al alumnado con discapacidad auditiva usuario de lengua de signos española, en centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León”.
A pesar de que no existe en la actualidad ninguna persona titulada en Mediación Comunicativa, en la citada resolución se establece textualmente que el servicio a través de mediadores comunicativos se prestará “desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017. No obstante, el servicio se realizará durante los días considerados lectivos del curso escolar 2016/2017, según calendario escolar publicado oficialmente, o desde la fecha de formalización del contrato si ésta fuera posterior al inicio del curso escolar”.
Este hecho “es un absoluto sinsentido que debe ser corregido estableciendo que el técnico necesario para impartir este servicio sea nuevamente el de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos, al mismo tiempo que tienen que mejorarse las condiciones de trabajo de las personas que actualmente desarrollan su actividad como Intérpretes de Lengua de Signos con destino al alumnado sordo en los centros docentes públicos de Castilla y León”, advirtió Pablos.
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