Más de 100 entidades de todo el país, junto a agentes sociales y económicos vinculados a la atención de las personas dependientes y a la tercera edad, se han reunido este jueves en Madrid para llevar a cabo la firma y lectura de un manifiesto promovido por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) y pedir, tanto al Gobierno central como a los grupos parlamentarios, la inclusión en los PGE de la equiparación del IVA que pagan los mayores y dependientes en el sector de la dependencia.
Según ha explicado la presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, “a día de hoy existen dos tipos de IVA diferenciados por el mismo servicio, dependiendo de si la financiación es mayormente pública o privada”. Esta situación, ha añadido Pascual,“es injusta para los mayores dependientes con necesidades de atención y asistencia profesional que no pueden acceder al sistema público”.
Los firmantes del manifiesto han calificado de “absolutamente insuficientes” las propuestas de enmiendas presentadas por PP y PSOE en relación con la Ley de Dependencia y consideran que “aún hay margen suficiente para aprobar esta medida para los 310.000 dependientes españoles que cumplen los criterios para recibir una prestación y no la reciben por estar en lista de espera”.
La propuesta del PP propone “reducir el IVA al 4% para aquellos mayores que actualmente disfruten de una prestación económica vinculada al servicio, siempre que ésta cubra el 33% del importe del servicio”, han explicado. “Esta medida sigue siendo insuficiente e injusta, ya que deja fuera a más del 70% de las personas que actualmente están ocupando una plaza de residencia privada con o sin prestación”, has subrayado los firmantes del manifiesto.
17 sistemas de atención
Además, CEAPs afirma que esta medida sería “muy complicada de aplicar teniendo en cuenta que en España tenemos 17 sistemas de atención a la dependencia y que cada comunidad tiene su propio sistema de valoración y adjudicación de la Prestación económica vinculada al servicio”. A ello, añaden, “hay que sumar las distintas intensidades de ayudas que tienen los beneficiarios en virtud de su situación personal, por ello necesitamos una medida clara y justa”.
Por otro lado, la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista solamente “beneficiaría a los dependientes de la lista oficial de espera para recibir servicios y prestaciones del sistema de dependencia”, han puntualizado las organizaciones de dependientes, quienes añaden que, “de esta forma quedarían fuera el resto de personas que están inmersos en los procesos de valoración o que actualmente contraten, por necesidad, servicios asistenciales de naturaleza privada”.
Ambas medidas”, dicen, “además de parciales son insuficientes y conllevarían una complejidad administrativa que va a provocar un resultado desigual en función de cada comunidad autónoma”. “Por ejemplo”, recalcan desde CEAPs, “dos personas con la misma situación, en dos comunidades distintas, pueden tener resultados diferentes y uno abonará el 4% y el otro el 10%”.
Justicia social
Desde las entidades de atención a las personas mayores y dependientes indican que “la equiparación del IVA que pagan los mayores y dependientes supondría un ahorro estimado de más de 100 euros mensuales y más de 1.200 euros anuales por persona” y,“lo más importante”, ha añadido la presidenta de CEAPs, “se trata de hacer justicia social hacia un colectivo que lo necesita”.
“Igualar el IVA beneficiaría a más 200.000 personas mayores que actualmente son usuarias de una plaza residencial privada”, afirman. De esta medida también se beneficiarán “las miles de personas mayores usuarias de centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados”. Asimismo, subrayan, “mejoraría la actividad económica y el empleo de este sector estratégico para para el estrado de bienestar”.
El Círculo Empresarial de Atención a Personas recuerda que “el acceso a un servicio,un servicio profesional, es un derecho universal reconocido por la Ley 39/2006 (LAPAD) y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado”.
Por otra parte y según han manifestado, “la medida conlleva también beneficios para el Estado, un incremento de la recaudación prevista de 170 millones de euros anuales en concepto de impuestos y la reducción del paro por la contratación de nuevos trabajadores al mejorar la ocupación de los centros asistenciales”.
40.000 fallecimientos sin prestación
Desde el CEAPs recuerdan que “cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho y avisan de que el número de personas mayores de 85 años va a crecer un 155% hasta 2050”.
Organizaciones como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas), La Federación de Jubilado de Cajas de Ahorro, la Asociación de Veteranos de RTVE, la Fundación Edad & Vida; la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y el Consejo Español para las Personas con Discapacidad y Dependencia (Ceddd), así como otras muchas asociaciones autonómicas y provinciales, subrayan que “una de cada tres personas que necesita y solicita la Ley de Dependencia no llega a recibir ningún tipo de servicio”. “El 65% son mujeres, el 75% de ellas tienen 80 o más años de edad, el 97% enfermedades crónicas y el 67% un deterioro cognitivo severo”.
Por estos motivos los agentes sociales, civiles y económicos firmantes, convocados por el Círculo de Empresas de Atención a las Personas (CEAPs), quieren dar traslado de la actual situación de “injusticia socia” que sufren las personas mayores y las personas dependientes cuando se encuentran en la situación más vulnerable de su vida”.
El CEAPs es la organización empresarial más representativa de España en servicios de atención a la dependencia. Está formada por las organizaciones patronales mayoritarias de atención a las personas en situación de dependencia de Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y el País Vasco. Las organizaciones miembros de CEAPs representan 120.000 plazas residenciales, más de 1.300 empresas asociadas y más de 400.000 servicios de SAD y Tele asistencia, e integra a más de 80.000 trabajadores, lo que le convierte en el referente estatal del sector.
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