El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu González Zapico, considera que el problema del suicidio es “una pandemia silenciosa” y reclama que las administraciones públicas refuercen las medidas destinadas a la prevención, impulsando acciones como la creación de un teléfono de atención al riesgo suicida que sea de carácter gratuito y fácil de recordar (con tres cifras, similar al 016).
Así lo ha puesto de relieve en un artículo publicado este viernes en el boletín Cermi.es semanal, en el que recuerda que el suicidio “se puede prevenir”, pero que para ello es necesario “que la administración tome cartas en el asunto”, ya que se trata de “un tema urgente” que afecta a “vidas humanas”.
“Suicidio y silencio han ido siempre de la mano, y no ha sido hasta ahora que se ha empezado a tomar conciencia a nivel general de lo importante que es hablar de ello. Porque solo enfrentándonos a esta realidad es posible desmontar los mitos y prejuicios que rodean a la conducta suicida. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Poder ofrecer ayuda a quien la necesita y trabajar en la prevención”, subraya.
González Zapico, que también ocupa una de las vicepresidencias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), recuerda que, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas que fallecieron en España por suicidio en 2017 fue de 3.679. Además, se estima que, por cada una de estas muertes, hay otras 20 personas que lo intentan.
“Hay que afrontar esta realidad desde una perspectiva de derechos. Un intento de suicidio no es una llamada de atención, como todavía muchas personas creen, ni es una cuestión de valentía o cobardía: es la máxima expresión de un terrible sufrimiento que las personas que estamos aquí, y la sociedad en su conjunto, debemos, en primer lugar, comprender y, en segundo lugar, tratar de evitar que ocurra”, advierte.
Para luchar contra esta situación, el presidente de Salud Mental España pide a las administraciones mejorar la detección precoz del riesgo suicida; mejorar la coordinación de los servicios de Emergencias y la detección por parte de los profesionales de la salud; la implantación de los protocolos necesarios para asegurar una correcta atención y proporcionar formación a los profesionales de la Sanidad en este ámbito, así como a las personas que intervienen en situaciones de crisis, docentes y profesionales de entidades sociales.
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