La inversión realizada en Sanidad pública ha retrocedido desde el 6,5% en 2009 hasta el 5,9% del PIB en 2017, y el compromiso que existe actualmente es el de llegar al 5,3%. Estos recortes han afectado especialmente a Atención Primaria, donde entre 2009 y 2014 –el año de menor inversión en este nivel asistencial– el descenso fue del 16,17%, pasando de 10.775 a 9.033 millones de euros (1.742 millones menos). En este periodo, el frenazo en la inversión sanitaria pública total fue del 12,24%.
Así se pone de manifiesto en un informe presentado recientemente en la asamblea de vocales provinciales de Atención Primaria Urbana (APU) de la Organización Médica Colegial (OMC), en el que se recogen datos sobre infraestructuras, plantillas, actividad, habitantes protegidos, presupuesto o inversión por habitante protegido, entre otros.
En el documento, presentado por el Dr. Vicente Matas Aguilera, representante nacional de APU de la OMC, los médicos lanzan un mensaje contundente: “Atención Primaria ha perdido financiación todos los años”, mientras que otros sectores la han ido recuperando. La inversión en este nivel asistencial supuso apenas el 14,2% del gasto total en el Sistema Nacional de Salud (SNS) durante 2017, un porcentaje que en los últimos años “no ha parado de bajar”, y que se encuentra en unas cotas “difícilmente soportables”.
De todo ello “deben tomar buena nota los gestores, pues si desde Atención Primaria no se puede seguir resolviendo el 85?90% de la demanda que recibe, todo el SNS puede colapsar”, advierte la profesión médica. Como se subraya en el informe, “las consecuencias las están sufriendo los pacientes y los propios profesionales”, con “cargas de trabajo desmesuradas, acúmulos casi diarios por falta de sustituciones, consultas masificadas, demoras excesivas…”.
Para realizar el análisis, el autor ha utilizado los datos disponibles en el portal estadístico de la web del Ministerio de Sanidad y, en concreto, en la Consulta Interactiva del SNS y en la aplicación de Indicadores Clave del SNS, además de la información que ofrece el INE.
Según las cifras recopiladas, en el año 2018 había en España 13.122 centros de AP, 169 Áreas de Salud y 2.726 Zonas Básicas de Salud (ZBS) para atender a casi 46 millones de personas protegidas. En ese periodo, las plantillas de este nivel asistencial estaban integradas por 86.641 profesionales: 29.086 médicos de Familia, 6.415 pediatras, 30.499 enfermeras y 20.641 profesionales no sanitarios. Como recoge el informe, en el último año se han incrementado 106 plazas de médicos de Familia y se han perdido 14 plazas de pediatras, mientras han crecido las plazas de Enfermería en 837 y las de personal no sanitario, 255 plazas. En este punto, la OMC aclara “que no siempre las plantillas están cubiertas o, mejor dicho, casi nunca”.
Realizando los cálculos con las plantillas al completo –algo que no sucede “muchos días”– la carga de tabajo para los médicos de Familia del país se situaba en 2015 en una media de 27,71 consultas diarias; para los pediatras, en 19,91 y para el personal de Enfermería, en 16.
A esta actividad se suma la asistencia urgente, que supuso en 2015 más de 22,45 millones de consultas atendidas por los médicos y más de 9,77 por Enfermería, aunque “en muchos centros, sobre todo urbanos, existen equipos específicos o personal de apoyo que colaboran en estas labores”.
No obstante, el informe pone sobre la mesa “grandes diferencias entre comunidades autónomas (CCAA) en actividad, plantillas y cargas de trabajo”. Como ejemplo, y considerando “las plantillas al completo y 247 días de consulta, los médicos de Familia de Murcia atienden una media de más de 32 consultas diarias, mientras que en Cataluña la media ronda las 21 consultas al día”. En cuanto a Pediatría, mientras en Andalucía la media es de 23,91 consultas/día, en Asturias la cifra desciende hasta las 17,13 diarias. En el caso de Enfermería, la media de consultas diarias que atiende cada profesional oscila entre las 24,21 del País Vasco y las 10,09 de Canarias.
Por otro lado, en el análisis se muestran también las diferencias existentes en infraestructuras, habitantes asignados por médico de Familia y edad. Así, se apunta que Castilla y León dispone “de muchos más centros que médicos de Familia”, con una relación de relación es de 0,59 facultativos por centro, mientras que en Ingesa (Ceuta y Melilla) la relación es de 10. Respecto a los centros, en la Comunidad castellanoleonesa el 93,69% son consultorios locales, mientras que en el área gestionada por el Ingesa todos son centros de salud. El mayor porcentaje de mayores de 65 años se encuentra en Asturias (25,49%) y el menor, en Ceuta y Melilla (10,51%).
También en estas ciudades autónomas es donde se observa un mayor porcentaje de cupos superiores a 1.500 personas por médico de Familia (el 90%), mientras que en Castilla y León se reduce hasta el 12,11%. De este modo, la media de cupo más alta se registra en el área Ingesa, con 1.724 personas por cada médico Familia y la menor, de nuevo en Castilla y Léon, con 918 personas asignadas a cada profesional.
Una prestación “en condiciones de igualdad efectiva”
“Entre las CCAA existen grandes desigualdades en inversión sanitaria pública, en plantillas, cargas de trabajo, cupos asignados, etc. que no parecen justificarse por las diferencias en la edad o dispersión de la población”, destaca el autor del trabajo, que llama la atención sobre los problemas que afectan al primer nivel asistencial dependiendo del ámbito de actividad. De esta forma, en la Atención Primaria urbana resaltan realidades como “la masificación en consulta, las acumulaciones o la falta de sustitutos”, mientras que la rural se ve afectada fundamentalmente por la “dispersión, el aislamiento, la población más envejecida, los desplazamientos profesionales o la acumulación de consultorios por falta de sustitutos”.
“Necesitamos en España unos presupuestos sanitarios públicos finalistas, suficientes y equitativos, ajustados por criterios objetivos (edad, dispersión…) que garanticen plantillas suficientes con cargas de trabajo asumibles y sin demoras para los pacientes. En definitiva, necesitamos que la atención sanitaria que reciben los ciudadanos se realice en condiciones de igualdad efectiva en todas las CCAA”.
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