Repercusiones de la crisis en la Atención Primaria: falta de financiación, demoras en las citas, profesionales bajo presión y una creciente ‘amenaza’ del sector privado

Así resume la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) su amplio y contundente informe sobre las repercusiones de la crisis en este nivel asistencial, un documento que ha dado a conocer coincidiendo con el Día de la Atención Primaria y en el que la organización realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de su evolución en las distintas comunidades autónomas durante los años de la crisis. Al mismo tiempo, trata de determinar si la mejora de la situación económica ha supuesto una recuperación, una evaluación que concluye con un resultado para nada positivo.

En el informe, elaborado por Fernando Villaverde Espinosa, Carlos Sánchez Fernández y Marciano Sánchez Bayle, los autores realizan una comparativa entre los diferentes datos sanitarios obtenidos en 2010 y los correspondientes al último año disponible, según los casos. Además, han querido conocer la opinión de la población respecto a diversos aspectos de la asistencia sanitaria recibida desde la Atención Primaria durante el periodo de estudio. 

Como recuerda la FADSP en el documento, el desarrollo de la Atención Primaria (AP) en España “comenzó antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad (1986) con el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud y la creación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (1978). “La extensión del modelo de AP y la cobertura de más del 99% de población”, sostiene la Federación, “han garantizado su funcionamiento y su gran aprecio internacional, aunque en los últimos años de recortes y privatizaciones se ha producido un evidente retroceso en todos los ámbitos de la misma“.

Según recogen los autores en el informe, este nivel asistencial está viviendo “una crisis que viene de lejos, pero que se ha agudizado en este ultimo año”. En su análisis, explican que en su origen están, “seguramente, las grandes expectativas que generó su puesta en funcionamiento hace ya 40 años y la contradicción entre un modelo esencialmente solidario y comunitario con una sociedad consumista, donde el peso del neoliberalismo en lo económico, político y social ha ido ganando terreno”. También, añaden, “el envejecimiento de los profesionales que la pusieron en marcha y la llegada mayoritaria de otros nuevos, que no han elegido de manera prioritaria la AP”, sino que han llegado a ella porque “no han podido optar a otra especialidad“, por lo que “viven su práctica diaria con una mezcla de frustración y de intento de convertirla en otra que responda más a sus perspectivas”.

No obstante, destacan que en esta evolución de los profesionales de Atención Primaria mucho tiene que ver “la escasa consideración que ha recibido la misma desde las autoridades sanitarias, que la han marginado en su consideración dentro del sistema sanitario público, bien porque, al ser una partida menos relevante del gasto, no le prestaron la atención debida, bien porque tenían puesto su objetivo en la mercantilización y privatización de la asistencia sanitaria y les molestaba una AP que difícilmente encajaba en este paradigma”.

La FADSP estructura su informe en cuatro capítulos en los que los autores evalúan la evolución del gasto en Atención Primaria por CCAA, el recorte que se ha producido en los recursos humanos (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y personal administrativo), la capacidad de resolución existente en este nivel asistencial y la opinión de los ciudadanos respecto a la asistencia que reciben desde los centros de salud. En este punto, se analizan cuestiones como su satisfacción respecto a la atención recibida, su percepción sobre las demoras sufridas o su preferencia por la Atención Primaria prestada desde el sistema público de salud. Para las asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, en este sentido se está produciendo “una deriva preocupante que demuestra que el deterioro del sistema público –en este caso, la mayor presión asistencial y las importantes demoras en las citas– acaba favoreciendo la utilización del sector privado“, que ha crecido ligeramente durante los últimos años.

No obstante, los datos recogidos en el documento indican que la preferencia por una Atención Primaria Pública sigue siendo mayoritaria, con una media que se situaba en el 68% en 2018, si bien se observa una elevada variabilidad entre CCAA, con porcentajes que oscilan entre el 54% y el 85%.

También resulta llamativo lo que piensan los usuarios respecto a si la AP mejoró o empeoró en los últimos cinco años. Así, mientras en 2010 casi un 43% de la población creía que había mejorado en el último lustro, en 2016 este porcentaje se redujo más de la mitad. Al mismo tiempo, si en 2010 solo el 7,87% de los ciudadanos pensaban que este nivel asistencial había empeorado, en 2016 la cifra se disparó hasta superar el 21%.

Además de los cuatro capítulos dedicados al análisis de la situación de la Atención Primaria en los años de crisis, los autores incluyen otro en el que recogen sus principales conclusiones, además de un apartado de recomendaciones para mejorar la llamada puerta de entrada al sistema sanitario.

Las conclusiones de la FADSP:

1. El gasto dedicado a la AP disminuyó entre 2010 y 2016, tanto en porcentaje sobre el gasto sanitario total como en gasto por habitante y año, con gran variabilidad entre las CCAA, y probablemente esta desatención presupuestaria está en el origen de la precaria situación y el descontento vivido en todo el país sobre la Atención Primaria actual.

2. Hay una gran presión sobre los profesionales de AP que no se ha reducido durante la crisis, cuando la disminución de la población podría haberse aprovechado para acortar significativamente las ratios de población por profesional.

3. Existe una situación especialmente preocupante en el caso de Enfermería, que tiene una falta de recursos muy importante que habría que intentar paliar de manera urgente. Hay que ser conscientes de que las carencias de personal de Enfermería y administrativo acaban suponiendo una sobrecarga de actividades inapropiadas a los profesionales médicos, generando problemas importantes (saturación de consultas, poco tiempo de atención efectiva, demoras en las citas, etc.).

4. Se detecta una errónea política en las convocatorias MIR que ha generado falta de especialistas y que parece estar corrigiéndose en esta última convocatoria, pero que no tendrá efectos sobre el sistema hasta dentro de cuatro años.

5. Hay una gran variabilidad en las dotaciones de profesionales entre las CCAA, llamando la atención los casos de Madrid y Baleares en cuanto a la gran presión de los profesionales de Medicina y Enfermería, que no parece tener justificación.

6. Se han objetivado elevados porcentajes de profesionales de Medicina de Familia con cupos superiores a 1.500 personas (41,49%), e incluso 2.000 personas (2,12%), lo que resulta incompatible con el adecuado funcionamiento de la AP.

7. La ciudadanía sigue eligiendo de manera preferente a la AP pública sobre el sector privado, incluso con la crisis.

8. Quienes utilizan la AP pública piensan que la atención percibida ha sido buena o muy buena, con un notable hacia la actuación de sus profesionales de AP.

9. Pese a ello, declaran que la AP ha empeorado en los cinco últimos años, debido principalmente a las demoras en las citas, que cuestionan seriamente la accesibilidad y la continuidad, señalándolas como la posible principal causa del aumento de las urgencias hospitalarias y del crecimiento de las consultas al médico general privado durante el tiempo indicado.

10. La falta de cita con su médico habitual, es decir, la ausencia de continuidad, produce en un 32,5% de los casos la necesidad de acudir a las Urgencias hospitalarias.

11. A pesar de que existen grandes facilidades para citarse por internet, el teléfono (42%) y el propio centro de salud (30%) son los medios mas utilizados para obtener cita.

12. La utilización de las Urgencias de AP se ha incrementado ligeramente durante este periodo, y el porcentaje de personas que acuden a Urgencias hospitalarias permanece estable.

13. Las actividades de promoción son poco utilizadas en la consulta de AP, y solo se realizan siempre y/o habitualmente en el 43,4% de los casos.

14. Los medios técnicos a los que se tiene acceso desde AP son limitados y, sobre todo, muy diferentes según las CCAA, aunque los datos homogéneos existentes están poco actualizados. 

Las recomendaciones de la FADSP:

1. Entendemos que deben de incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios para la AP; una cifra que se estima razonable es en torno al 20% del presupuesto sanitario público. Como esta cifra está muy lejos de la realidad actual, debe de realizarse un plan presupuestario para alcanzarla progresivamente. En todo caso, sería importante una financiación sanitaria finalista para poder garantizar estos presupuestos destinados a la AP y acabar con la excesiva variabilidad actual.

2. Es fundamental disminuir la presión asistencial en la AP. Para ello se precisa, aparte de unos mayores presupuestos, un incremento sustancial de las plantillas que establezca un máximo de 1.300 TSI para profesionales médicos y de Enfermería y de 1.000 para Pediatría (por supuesto, lo ideal seria establecer unos límites de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, dispersión, etc.).

3. A corto plazo, debe garantizarse que no existan profesionales médicos y de Enfermería con más de 1.500 TSI asignadas.

4. Deben ser convocadas todas las plazas de formación MIR acreditadas para Pediatría, Medicina de Familia y Enfermería Comunitaria, para permitir la existencia de especialistas cualificados en AP.

5. Asimismo, hay que realizar aumentos en el personal administrativo y el compromiso de recuperar las citaciones desde los centros de salud.

6. La accesibilidad y la continuidad son dos características principales de la AP que hay que garantizar, por lo que habría que asegurar que más del 95% de la demanda se atenderá en 48 horas.

7. La AP debe recuperar las actividades de promoción y prevención, así como la visita domiciliaria y la atención comunitaria.

8. Hay que aumentar de manera significativa la capacidad de resolución de la AP y, para ello, es necesario ampliar y homogeneizar el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas y a recursos tecnológicos.

9. Hay que restablecer las áreas sanitarias como espacio físico poblacional donde planificar y asignar recursos y coordinar la actividad de los dos niveles asistenciales en función de las características y necesidades de la población.

10. Deben mejorarse de manera sustancial los mecanismos de coordinación entre la AP y la Especializada para mejorar el seguimiento de los problemas de salud de la población.

11. Hay que promover el trabajo en equipo, asignando unos roles que garanticen el uso racional y eficiente, así como la atención integral de salud.

12. La participación comunitaria es una de las premisas para conseguir una AP de calidad al servicio de la población, y es indisoluble con la autonomía de gestión.

13. La AP debe tener un mayor protagonismo en el abordaje de los determinantes de salud, de la salud medioambiental y de la salud laboral.

14. Se necesita una mayor transparencia en la información sobre el funcionamiento de la AP, tanto en cuanto a recursos, actividad, calidad y resultados en salud.

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