La exposición a contaminantes ambientales provoca un mínimo de 21.000 muertes al año en España, de las cuales al menos 15.000 son atribuibles a la contaminación atmosférica. Así se desprende del último estudio recogido por la agencia SINC de la Carga Global de Enfermedad (GBD), en el que ha colaborado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Obra Social la Caixa.
David Rojas, investigador de ISGlobal que ha participado en el estudio, califica la situación de “inaceptable”. “En el estudio únicamente se incluyen aquellos factores de riesgo sobre los que existe una causalidad plenamente contrastada y, además, se cuenta con datos para los 195 países analizados, por lo que se trata de estimaciones conservadoras”, puntualiza.
“En cualquier caso, lo verdaderamente grave es que se trata de muertes que no deberían producirse, ya que sabemos las causas y podríamos evitarlas tomando medidas decididas para eliminar la contaminación”, manifiesta.
Los contaminantes incluidos en este estudio son únicamente las partículas en suspensión, el ozono, el plomo y el radón, mientras que entre los que han quedado sin contabilizar destacan el ruido, los óxidos de nitrógeno (NOx), los rayos UVA o los pesticidas.
Se estima que los factores ambientales son responsables de un 5% de la carga de enfermedad de la población de España, mientras que en el caso de la Unión Europea la carga ambiental es del 6% y la media mundial asciende al 13%.
El problema de los vehículos motorizados
De la misma manera que ocurría en ediciones anteriores, la exposición ambiental que constituye un mayor riesgo para la salud a nivel global es la contaminación del aire por partículas en suspensión.
En España, la fuente principal de este tipo de contaminación son los vehículos motorizados. A nivel global, se estima que a las partículas en suspensión provocan más de 4,2 millones de muertes anuales y dan lugar a más de 167 millones de años de vida sana perdidos o años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).
Se da la circunstancia, además, de que a lo largo de la última década se ha producido un incremento de un 7,8% en las cifras globales de mortalidad atribuida a las partículas en suspensión, un hecho al que ha contribuido el aumento de la población.
“Es necesaria una mayor implicación tanto por parte de las administraciones como de la propia ciudadanía para reducir nuestras emisiones de contaminantes y, en concreto, de las partículas en suspensión. Las administraciones deben promover un diseño urbano que mejore la salud pública, mientras que la población general puede desempeñar un papel decisivo a través de la elección del modo de transporte”, afirma Rojas.
Iniciado en los años 90, el GBD lleva 25 años recogiendo y analizando datos relativos a mortalidad prematura y discapacidad en 195 países. Cuenta con un consorcio de más de 2.300 investigadores de todo el mundo y en su última versión compila datos del año 2015, pero de plena vigencia en la actualidad.
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