Si bien es cierto que en muchos aspectos hemos avanzado, hay países donde muchas mujeres no tienen acceso y control a los servicios sanitarios en igualdad con los hombres.
Países donde las mujeres, por el simple hecho de serlo, tienen que luchar contra barreras injustas de todo tipo, como creencias culturales, religiosas y familiares que regulan sus vidas; países donde la esperanza de vida de las mujeres no alcanza los 48 años; países donde a las niñas se les sigue practicando la ablación del clítoris; países donde millones de mujeres y niñas siguen siendo el punto de mira y rehenes en todos los conflictos bélicos.
Es indignante que en pleno siglo XXI tengamos que denunciar que miles de mujeres siguen muriendo por causas relacionadas con el parto y el embarazo, o por abortos inseguros y clandestinos.
Las desigualdades de género en salud impactan gravemente en la salud de las mujeres y niñas y requieren una atención muy importante. Es evidente que existe una serie de problemas derivados de las diferencias biológicos y sociales que van a determinar y limitar el derecho a la salud de las mujeres donde accedemos de manera diferenciada a los recursos que nos afectan, y es innegable que los indicadores socioeconómicos condicionan a muchas mujeres que no pueden controlar todos los aspectos de su salud, especialmente, las más afectadas por la pobreza, la dependencia económica, la discriminación racial y, sobre todo, por la violencia en sus diferentes formas, y que constituye un problema de salud pública de primera magnitud.
Se siguen asesinando mujeres de todas las edades, niveles económicos, profesiones, religiones y colores, y como bien aseguran los expertos, las que sobreviven arrastran secuelas físicas y psicológicas muy importantes que repercuten en trastornos del sistema nervioso, digestivo, ginecológico y en diferentes síndromes que, por los prejuicios de género instalados en el sistema sanitario y en la sociedad, no dejan que se visibilicen ni que se aborden como un problema de salud pública.
A las mujeres se nos sigue limitando nuestra capacidad de decisión respecto a la vida sexual y reproductora poniendo dificultades para acceder a determinados servicios públicos, como son la anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo o las dificultades que encuentran muchas mujeres para acceder a tratamientos de reproducción asistida cuando no tienen a un hombre como pareja. Parece que siempre hay alguien que decide lo que es necesario para las mujeres, en lugar de ellas mismas.
Conocemos el diagnóstico del problema, pero fallamos en las medidas que tenemos que aplicar; si no aportamos soluciones y medios, lo único que hacemos es desviar la atención del verdadero alcance del problema de la desigualdad en la salud, y las mujeres seguirán viviendo en riesgo ante un sistema sanitario injusto que no responde a sus necesidades.
Por lo tanto, la desigualdad de género en salud requiere mayor atención, promoviendo la integración de género como un determinante social de salud y una concepción integral y humana de la salud sin exclusiones y restricciones de ningún tipo, a través de todo el ciclo de la vida, en igualdad con los hombres, como así se manifiesta en diferentes foros.
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